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Redacción Nacionales
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La Cámara Penal de Cojutepeque finalmente rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa legal de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.
Entre los recursos presentados por el abogado de los ambientalistas estaba una petición de extinción de la acción penal por prescripción y vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
La defensa también había impugnado el auto de apertura a juicio decretado por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, argumentando “falta de pruebas reales” contra los activistas anti mineros.
Fuentes cercanas al caso dijeron a Diario Co Latino que la Cámara “rechazó las apelaciones por aspectos de forma y no se pronunció sobre el fondo del asunto”, es decir, “no resolvió la discusión de si el caso ya prescribió o no, ni si corresponde o no con la definición de lesa humanidad”.
Inicialmente la Cámara se había negado a tramitar los recursos de apelación, alegando que ya se había pronunciado sobre los mismos; sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprena de Justicia le ordenó que los resolviera.
Fallo emitido por suplentes
Las fuentes dijeron a este medio que el fallo fue emitido por dos magistrados suplentes: José María Zepeda Grande y Zulma Marisol Romero Hernández.
Explicaron que Zepeda Grande ya había sido designado por la Sala de lo Penal para este caso, luego de recusar al magistrado propietario Martín Rogel Zepeda por petición de la Fiscalía; mientras que Romero Hernández sorpresivamente sustituyó al otro magistrado propietario Santiago Alvarado Ponce, quién teóricamente se mantiene en el caso.
“Llama la atención la participación de la magistrada Zulma Romero, porque no conocemos públicamente ningún proceso de recusación contra el magistrado Alvarado Ponce”, comentaron las fuentes.
Según las fuentes, Romero Hernández, en sus alegatos fuera de la resolución planteados en su voto razonado, sí opina sobre el fondo del asunto y suscribe plenamente los argumentos de la representación fiscal.
Se confirma vista pública
El fallo de la Cámara Penal de Cojutepeque despeja el camino para la realización del juicio programado para los días 8, 9 y 10 de octubre próximo, en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque.
Diversas organizaciones y destacados juristas han señalado la falta de pruebas y critican que la Fiscalía basa la acusación en el relato contradictorio de un testigo protegido.
El pasado 22 de agosto la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, reiteró su llamado al Estado salvadoreño a “desestimar el caso”. En julio del año pasado 17 congresistas de Estados Unidos también abogaron por la libertad de los líderes comunitarios. De igual manera 250 organizaciones de treinta países han pedido liberar a los ambientalistas.
Criminalización y persecución
La Fiscalía acusa a los activistas anti mineros de cometer un supuesto asesinato en 1989, cuando ellos eran combatientes de una de las organizaciones beligerantes del conflicto armado.
Sin embargo, el caso es considerado como criminalización contra defensores de derechos humanos y persecución contra el activismo ambiental, debido al rol que ellos tuvieron en la lucha por prohibir la minería y su papel actual en la resistencia comunitaria contra el extractivismo.
El proceso penal se realiza en medio de varias señales de posible reactivación de la minería de metales a pesar de estar prohibida por ley; y las detenciones se hicieron en momentos en que Santa Marta y ADES advertían sobre los graves peligros que representa reactivar proyectos mineros.
Investigaciones periodísticas recientes han confirmado esta denuncia, revelando que empresas mineras ya actúan en el país a través de consultoras, sociedades y fundaciones de fachada.
