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Redacción Nacional
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La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) denunció que la Cámara de lo Civil donde se ventila el juicio en contra de la ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, se negó a admitir más de la mitad de las pruebas de descargo que los abogados defensores presentaron, en los cuales demuestra que es absolutamente falsa la acusación de enriquecimiento ilícito, hecho que viola su derecho a la defensa y el básico debido proceso.
La Cámara de lo Civil nombró un perito para que analizara el
informe contable de la defensa, este una vez más insiste en acreditar como fondos personales de Peña el dinero de la
secretaría de cultura del FMLN que ella presidió entre 2012 y 2018.
“Esos son fondos legales, administrados legalmente, pero que no se pueden tomar como prueba de origen y, además, que, a pesar de ello, se consideran fondos personales de Lorena, es decir, es una resolución antojadiza, con el único propósito de condenarla”, señaló la FDIM en un comunicado.
En El Salvador el enriquecimiento ilícito supone un crecimiento injustificado del patrimonio de un funcionario público y, además, supone que este proviene de fondos públicos, sin embargo, en la acusación no expresa que se haya incrementado el patrimonio de Peña, ni tampoco hace referencia a manejo o malversación de fondos públicos, ni ha recibido ningún tipo de fondo, a excepción de su salario.
A criterio de la FDIM, lo que evidencia claramente el perverso propósito político de perseguirla, difamarla y además, robarle sus bienes, argumentando que debe “devolver” al Estado una suma exorbitante de dinero. El próximo 29 de febrero será la audiencia final de este juicio, ahí la defensa presentará de nuevo sus argumentos y pruebas, luchando por una sentencia justa.
“Sabemos que el sistema judicial salvadoreño es sumiso al gobierno central, sobre todo, desde que ilegalmente fueron destituidos los magistrados legítimos de la Suprema Corte e impusieron correligionarios del partido de gobierno, como integrantes de la Suprema Corte de justicia”, agrega la federación.
El régimen autoritario de El Salvador ha abierto una persecución política a través del sistema judicial salvadoreño en contra de Lorena Peña, situación en la que, además, se encuentran decenas de activistas de los derechos humanos, militantes opositores y periodistas independientes.
Esta inseguridad jurídico-política que se vive en El Salvador, vuelve más difícil la situación personal de la presidenta de la FDIM, por lo cual solicitaron a la opinión pública internacional que acompañe esta defensora de los derechos de las mujeres, y exigir un juicio donde reconozca su inocencia.
