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@JoakinSalazar
Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde de Olocuilta por el partido ARENA, en La Paz, enfrenta un proceso civil por el enriquecimiento ilícito de $207 mil dólares, motivo por el que la Cámara Tercera Sección Centro confirmó la inmovilización de las cuentas bancarias.
La orden es luego de dar por recibido los oficios girados por el Banco Agrícola S.A. y del Banco Hipotecario S.A. en los cuales informan que las cuentas bancarias relacionados al alcalde municipal de Olocuilta han sido inmovilizadas.
De igual manera, los magistrados de la Cámara dieron por recibido los oficios girados por el Registro Público de Vehículos del Viceministerio de Transporte, en el cual informan que se ha procedido a realizar la anotación preventiva de los vehículos placas particulares 570-475, 535-342, 55-474, 69-651 y 605-620, los cuales aparecen registrados a nombre del edil.
A través de un comunicado, la Cámara informó que también recibió el oficio del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca de la Tercera Sección del Centro, en el que consta que se ha procedido a la anotación preventiva de la demanda, en relación a tres inmuebles que son propiedad de Rodríguez Álvarez.
Actualmente, el alcalde Rodríguez Álvarez, es procesado por enriquecimiento ilícito, luego que la Corte Plena lo ordenara, puesto que la Sección de Probidad detectara un posible enriquecimiento ilegal hasta por 207 mil dólares.
En dicho informe, la Sección de Probidad estableció que Rodríguez habría ocupado dinero municipal para adquirir propiedades privadas a su nombre, motivo por el que hoy enfrenta un proceso judicial.
El edil arenero es de los pocos miembros del Partido ARENA que enfrentan un proceso por enriquecimiento ilícito, pese a que personeros de su partido han sido señalados por diversos sectores de haberse enriquecido ilícitamente con fondos del Estado.
Pese a ello, la Cámara está por definir la fecha de la audiencia preparatoria, en la cual las partes tienen la oportunidad de presentar pruebas de cargo y descargo, para que los magistrados, con base a la ley decidan cuales aceptan para la siguiente audiencia, que es la probatoria.
En la audiencia probatoria los magistrados, con base a las pruebas y argumentaciones de la parte, decidirán si el demandado es responsable de enriquecimiento ilícito. “Si así fuera el fallo, la ley manda a devolver al Estado todo lo mal habido y automáticamente el funcionario quedaría inhabilitado para ejercer o buscar cualquier cargo público, por 10 años”, establece el comunicado.
