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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ratificó el sobreseimiento definitivo decretado por el Juzgado Primero de Paz a favor del exfiscal general, Douglas Meléndez.
El juzgado sobreseyó en octubre de 2019 de las acusaciones por omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la administración de justicia y de la fe pública al exfiscal, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara en septiembre.
En diciembre pasado, el director presidente y representante legal de la Sociedad Química Agrícola Internacional (QUIMAGRO S. A. de C. V.), José Vega Castañeda, interpuso un recurso de apelación a la resolución que exoneraba a Meléndez de las acusaciones.
El demandante denunció en la FGR que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían cometido el delito de Prevaricato, puesto que la revocatoria de una sentencia de la Sala de lo Civil de 2010, que favorecía a la empresa en un litigio con una institución bancaria, perjudicó a la empresa.
El representante de la QUIMAGRO aseguró que el fiscal incurrió en un delito al no promover la acción penal contra los magistrados y que la decisión del Juzgado de Paz carecía de fundamentación.
La Cámara desestimó la apelación y argumentó que “el apelante no expone de manera clara y concreta en qué consiste la falta de fundamentación”.
Cámara confirma improcedencia de demanda contra Bukele
La Cámara Segunda de lo Penal dejó en firme la resolución en que declaró improcedente la demanda que el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, presentó en contra del presidente de la República, Nayib Bukele.
El pasado 27 de noviembre, López presentó la “demanda” en la que acusaba por difamación a Bukele, luego de que el mandatario asegurara que la empresa Centrum, dedicada al comercio de armas y propiedad de López, vendiera armas defectuosas al Estado salvadoreño.
La instancia alegó que no puede ser juez y parte, ya que los abogados del demandante solicitaban que se desaforara al presidente de la República para que fuese juzgado como un civil común. La Ley establece que los desafueros le corresponden a la Asamblea Legislativa promoverlos.
