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Doribel Herrador Valencia
Tomado de Agenda Latinoamericana
Los impactos asociados a la variabilidad y el cambio climático se han acentuado en la región de Centroamérica y el Caribe durante las últimas décadas y constituyen una barrera más a los procesos de desarrollo de los países. Según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en 2013, los escenarios futuros son preocupantes para la región centroamericana, señalando eventos de sequía, canículas más intensas y ondas de calor sin precedentes históricos, así mismo, existe una alta probabilidad de que el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), intensifique las precipitaciones, aumentando la probabilidad de inundaciones y deslizamiento.
Los impactos de las alteraciones climáticas afectan especialmente a los grupos que dependen más directamente de los recursos naturales, como es el caso de las zonas rurales de los países en desarrollo, debido a la débil capacidad de respuesta de los mismos ante los nuevos impactos de las variaciones en el clima, como consecuencia de los enormes desequilibrios sociales y económicos que los caracterizan. La región ha sido reconocida por su alta vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático en los espacios globales de negociación. Para los países de la región, la adaptación se vuelve un tema clave, entendida esta como los ajustes del sistema social en respuesta al impacto de los cambios en el clima, de manera que reduzcan el daño causado y que potencien las oportunidades locales.
El tema de la mitigación, o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ha sido tema central en toda la serie de reuniones de carácter global sobre el clima, desde el Mandato de Berlin en 1995 y el histórico Protocolo de Kioto en 1997. Sin embargo, el tema de la adaptación no parecía despertar la misma atención, no obstante la urgencia de abordarla especialmente para los países en desarrollo, que sufren el mayor impacto de los cambios del clima. Durante la última década la búsqueda de sinergias entre la mitigación y la adaptación ha cobrado mayor interés en las negociaciones climáticas globales. Así, en la Conferencia de las Partes (COP) número 16 de Cancún, en 2010, fue creado el Fondo Verde del Clima, como mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidos sobre el Cambio Climático (CMNUCC), orientado a apoyar a los países en desarrollo en sus acciones de adaptación y mitigación de cambio climático. Un año después, en la decisión 2 de la COP17 se menciona que podrían desarrollarse enfoques conjuntos de mitigación adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques.
Años más tarde, ante el moderado impacto de las acciones del mundo industrializado en su lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la COP 21 en el año 2015 finalizó con el Acuerdo de París que insta a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París introduce también un cambio importante, ya que insta a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para que emprendan esfuerzos más ambiciosos en el combate y adaptación al cambio climático mediante las llamadas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), las cuales representan la estrategia que cada país deberá establecer a través de acciones concretas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. El Acuerdo ordena a las partes a comunicar y mantener las NDC de tal manera que permita esbozar las acciones posteriores a 2020.
De cara a la próxima cumbre del clima en 2020, aplazada dada la pandemia por COVID-19, se esperaba que los países evaluasen las anteriores y actuales NDC con el fin de proponer medidas aún más ambiciosas. En 2019 unos 77 países se comprometieron a reducir a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Latinoamérica ha realizado diversos compromisos en esta línea, Costa Rica se ha comprometido a alcanzar un 60% de cobertura forestal para el año 2030, y a que el 30% del transporte público sea de cero emisiones en el año 2035, Guatemala por su parte avanza en la recuperación de 1,2 millones de hectáreas de árboles al año 2032. Colombia se propone lograr que el 10% de la energía sea de fuentes renovables para el 2022 y el 20% para el 2030, además de plantar 180 millones de árboles para 2022.
Para los países de la región centroamericana, al igual que para otros países en desarrollo, las NDC están enfocadas en el tema de bosques y usos de la tierra (agricultura, forestería y otros usos), este sector genera el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, lo que resalta el importante rol que pueden jugar estos países ya que la reforestación, la deforestación evitada y el manejo mejorado de los bosques, entre otras acciones, tienen el potencial de reducir emisiones y aumentar el almacenamiento de carbono de forma rentable y a corto plazo.
En esta línea surgen iniciativas como el Desafío de Bonn, un esfuerzo global impulsado por el gobierno de Alemania y la Organización Mundial para la Naturaleza (UICN), para lograr la restauración de 150 millones de hectáreas de bosques degradados y deforestados para el 2020, y 350 millones de hectáreas para el 2030. Centroamérica se ha unido a esta iniciativa, El Salvador, Costa Rica y Panamá se han comprometido respectivamente con 1 millón de hectáreas, Guatemala con 1.2 millones y Nicaragua con 2.7 millones, así mismo, Cuba y el Caribe se han unido al Desafío de Bonn en 2019. Es importante revisar que el cumplimiento de estos compromisos deberá ocurrir en zonas geográficas específicas y competir con otros usos de la tierra. Así, los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales, que sustentan los principales bosques de la región, se vuelven clave para el cumplimiento de las NDC de cada uno de los países. Al mismo tiempo, estos territorios resultan ser los más vulnerables y para los cuales el tema de la adaptación al cambio climático debe ser el punto de partida para abordar el tema de la mitigación.
Comencé a escribir con mucho entusiasmo este documento al iniciar el año 2020 y por diferentes motivos el mismo quedó esperando por un tiempo en mi escritorio. Al intentar retomarlo ahora, en plena Pandemia de COVID-19, pensé que la cruda realidad me pedía cambiar el tema, sin embargo, después de reflexionar un poco me doy cuenta de que esta calamidad mundial nos está mostrando lo vulnerables que son nuestras instituciones y nuestras sociedades en general, la dificultad de los gobiernos para tomar decisiones en las que la salud de la población sea prioritaria.
Varios gobernantes que inicialmente no habían tomado el tema en serio han tenido que hacer decisiones precipitadas y en muchos casos torpes, ante el creciente número de víctimas de esta enfermedad. La actitud de muchos gobiernos ante el cambio climático global es similar, mientras los impactos se agudizan lejos de casa, se considera que podemos seguir adelante haciendo solo pequeños ajustes, sin embargo, los impactos del cambio climático, al igual que los de la pandemia, no obstante que estos últimos están sucediendo a una velocidad mayor, son igual de feroces y aniquiladores. Esta es la gran lección que queda por asumir a nivel global, pero con mayor fuerza para el mundo desarrollado.
Así lo menciona la Secretaria Ejecutiva de la ONU sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa: “La COVID-19 es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad a largo plazo.
Pronto, las economías se reiniciarán y esta es una oportunidad para que los países se recuperen mejor, para incluir a los más vulnerables en esos planes, y una oportunidad para dar forma a la economía del siglo XXI de manera que sea limpia, verde, saludable, justa, segura y más resistente.”
