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Jorge E. Castillo Guerra
Tomado de Agenda Latinoamericana
Los efectos del cambio climático y la degradación ambiental están limitando cada vez más nuestros espacios de vida y fuentes de subsistencia. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Y cuál es su futuro?
En el Atlas of Environmental Migration (2017) se afirma que los desastres naturales y problemas ambientales han jugado un papel en la geografía poblacional en los últimos 45,000 años. Mas no es sino hasta finales del siglo pasado que la relación entre migración y medioambiente cobra interés científico. Hoy día los problemas ambientales afectan a millones de seres humanos que se ven obligados a buscar un refugio en regiones dentro o fuera de sus países. Datos recogidos por el Internal Displacement Monitoring Centre indican que terremotos, tormentas tropicales, erupciones volcánicas y otros desastres naturales provocaron el desplazamiento o migración forzosa de 19,3 millones de personas en 2014 y de 17,2 millones en 2018.
Para comprender estas cifras es necesario aclarar que combinaban afectaciones directas e indirectas para analizar la relación entre fenómenos climáticos, provocados o no por el ser humano, y la migración. Las afectaciones climáticas pueden ser agrupadas según diversas modalidades temporales.
Un tsunami como el que tuvo lugar en Indonesia en 2004, el terremoto de Haití en 2010, los huracanes que en los últimos años arrasan por el Caribe o las erupciones del volcán de Fuego en Guatemala (2018) ilustran catástrofes abruptas y rápidas y que provocan un gran número de víctimas y daños materiales.
Las catástrofes naturales conforman una constante histórica. No obstante, el calentamiento global está incrementando fenómenos climáticos rápidos tales como ciclones y derrumbes. Es este sentido, un estudio de la NASA (2019) advierte que a partir de 1980 aumenta el número de tormentas tropicales y el peligro de huracanes con vientos que superan 250 km p/h.
El calentamiento global también acumula condiciones que en forma lenta provocan sequías, olas de calor, aumento de la humedad y nivel del mar, alteraciones en el ciclo de estaciones, disminución de los glaciares y del caudal de los ríos. A paso lento se van interrumpiendo los ciclos de vida de animales y plantas y la disponibilidad de espacios habitables. Tal es el caso de zonas como Guna Yala en el Caribe y países insulares como Vanatu, las Maldivas que hoy día se hunden ante nuestro ojos. Centímetro a centímetro se pierden bajo el mar y desencadenan otros problemas: destrucción de los arrecifes de coral, erosión de las costas, escasez de agua dulce, pérdida de las cosechas y de infraestructuras básicas.
Un reciente informe de la ONU ilustra otra modalidad de los efectos del cambio climático en África. Nos dice que cuando los hombres abandonan sus hogares para buscar trabajo en centros urbanos las mujeres asumen las tareas agrícolas para alimentar a sus familias. Empero la degradación de los suelos, sequías, la imprevisibilidad las lluvias, el aumento de plagas y la aparición de nuevas enfermedades provocan hambruna. Cuando se desplazan con sus familias a otras regiones para asegurar su subsistencia madres e hijas son violadas y sometidas a canjear relaciones sexuales por alimentos. Las mujeres son las más vulnerables entre los refugiados climáticos.
La movilidad humana se presenta como una solución para las personas y grupos cuyas vidas están amenazadas por fenómenos descritos por la FAO en su “cartografía del cambio climático”. Se le conoce bajo el nombre de desplazamiento cuando la seguridad se busca dentro de las fronteras del propio país y como inmigración cuando implica el cruce de fronteras internacionales.
La mayoría de las víctimas ambientales las encontramos entre los desplazados. Conviene aclarar que pese a que “migrantes ecológicos”, “migrantes ambientales”, “refugiados climáticos” (hay una variedad de denominaciones) se emplean como sinónimos, no siempre reflejan significados afines. Migrantes o refugiados ambientales es una designación más amplia porque agrupa a las víctimas de cambios climáticos y políticas estatales (embalses, desforestación, monocultura) o de la industria (minería, derrames de petróleo o contaminación agroquímica).
Hoy día los movimientos migratorios de origen climático son invisibilizados por dos motivos. El primero proviene de un enfoque nacionalista que se impone en los países de destinación para definir la migración como riesgo para la seguridad, prosperidad e identidad.
Para las grandes potencias el crecimiento económico insostenible representa el criterio político fundamental. De acuerdo con percepciones sociopolíticas anti-migratorias, elaboran políticas de fronteras represivas que se implementan a través de la militarización de la vigilancia y el levantamiento de muros fronterizos.
Y el segundo motivo está ligado a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y el estatus de los refugiados de la ONU en 1949 y 1951 respectivamente. Esas convenciones representan un gran avance para la acogida de refugiados, sin discriminación de raza, religión o país de origen. Sin embargo cuando analizamos las razones para otorgar la condición de refugiado constatamos que no contempla los factores ambientales.
No existe un acuerdo ni mucho menos una legislación internacional sobre el derecho y la protección de migrantes ambientales. De ahí que tampoco exista oficialmente la categoría inmigrante ambiental, migrante climático o eco-refugiado. Y a pesar que el cambio climático esté presente en muchos debates actuales, el enfoque nacionalista, que ya indicamos, se interpone a la ampliación del estatus de refugiado a las víctimas de desastres y cambios climáticos.
No obstante, a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado organizaciones de la ONU dedican mayor atención a la movilidad humana por desastres y cambio climático. El programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) realizó una labor pionera cuando propuso una definición de desplazados o refugiados ambientales como “aquellos individuos que se han visto forzados a abandonar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o provocados por la actividad humana” (PNUMA 1985). Esta definición fue posteriormente adaptada por la Organización Mundial para la Migración (OIM, 2011).
Al nivel interno de los países, los desplazamientos por causas ambientales constituyen un indicador de la carencia de políticas de equidad. Es decir, una gestión económica insostenible e indiferencia ante los efectos rápidos o lentos del cambio climático para los grupos amenazados. Postergan acciones que hoy deberían poner en marcha para evitar la inseguridad alimentaria o proteger a las poblaciones más vulnerables, por lo general, los más pobres entre los pobres. Baste recordar que 36 países africanos y 7 latinoamericanos se encuentran entre los 50 países más afectados por el cambio climático.
Según estimaciones del Banco Mundial (2018) para el 2050 habrán unos 150 millones de migrantes climáticos en América Latina, las regiones de África Subsahariana y el sudeste asiático. No faltarán mayores argumentos para comprender que este grupo conforma uno de los desafíos humanitarios más imperantes del presente siglo.
¿Pero quién les protegerá si están excluidos de las convenciones internacionales? Los países tienen que tomar más responsabilidad y ocuparse con las causas y el drama humano que genera el cambio climático. Para lograrlo es importante sacarles del “limbo jurídico” y crear un marco de protección jurídica internacional, fortalecer las instituciones nacionales e internacionales y grupos de solidaridad que trabajan en la protección de migrantes ambientales. Por último, es imprescindible atender las demandas de los y las migrantes ambientales y las poblaciones en riesgo, quienes nos urgen a un cambio de actitud y modo de gestionar el mundo.
