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René Martínez Pineda
Escuela de Ciencias Sociales, UES
Si hablamos de un cambio de Época debemos hablar de la relación entre cambios en los contenidos de los problemas que las políticas sociales quieren resolver y la necesidad de cambio en la forma política de gestionar la situación (participación social) y en las formas en que han de operar esas políticas (pos-burocracia) para enfrentar la desigualdad, más que la pobreza. Y es que el concepto “pobreza” (pero no su lapidaria realidad) va siendo reemplazado por el de “exclusión social” que va más allá de aquella. La exclusión social, como hecho deliberado, no es nueva ni casual. Sus antecedentes se remontan a las necesidades colectivas que se plantearon desde el inicio de la industrialización y urbanización masiva en los siglos XIX y XX. En la actualidad, se ha montado una nueva alineación de las desigualdades –propiciada por la plusvalía- en el contexto de transición hacia lo que se ha dado en llamar “sociedad del conocimiento” que es, más bien, una “sociedad de los datos” en las sociedades tecnológicas avanzadas. Esa exclusión implica fracturas en el tejido social y, en consecuencia, la aparición de una artificial frontera social: dentro y fuera mediados por el riesgo social.
Ese riesgo social es multilateral, pues puede significar: ruptura familiar en un contexto de cambio en las relaciones hombre-mujer; quedar obsoleto en un mundo tecnológico acelerado; precariedad e infrasalarios en un contexto de cambio del lazo laboral, etc. En ese sentido, el riesgo social puede trasladar hacia zonas de vulnerabilidad a todo tipo de personas y grupos y, con ello, la exclusión se “democratiza”. Así, la exclusión social deliberada pasa a ser un problema propio para la acción del poder público, independientemente de que la población tenga conciencia de ella (como en el apogeo de la revolución industrial a finales del siglo XIX) o no la tenga, como sucede en la actualidad.
En todo caso, es necesario formular una agenda pública contra la exclusión que contemple, al menos, estos aspectos: fortalecimiento del sistema de servicios públicos y rentas mínimas, o sea la universalización de los servicios y el avance hacia un modelo de rentas básicas garantizadas y dignas; la potenciación de las políticas contra la exclusión laboral y por la calidad del empleo y el salario decente; la regeneración integral de las comunidades degradadas de las grandes ciudades. En otras palabras de lo que se trata es de resaltar la importancia del protagonismo público y social en la lucha por la inclusión, en tanto que las políticas sociales, los programas y los servicios impulsados desde múltiples niveles territoriales de gobierno se convierten en las piezas esenciales del proyecto de sociedad nueva que busca una mejor distribución de la riqueza y el ingreso. Ahora bien, las políticas sociales contra la exclusión deben olvidar cualquier pretensión ideologizada y centralizada, pues su papel, como palancas hacia el desarrollo social inclusivo, es directamente proporcional a su capacidad de tejer fuertes redes de interacción con todo tipo de agentes comunitarios en el marco de sólidos procesos de debate sobre modelos sociales bien apegados y pegados al territorio por los intereses de clase.
En ese sentido, se requiere buscar las respuestas en lógicas de trabajo colectivo estrictamente “civiles” que dependan de lo público sólo en los primeros pasos, debido a que lo que se necesita es construir opciones de perfil comunitario cuya piedra angular sea la autonomía y una participación que sea capaz de recomponer las relaciones sociales y recrear a los individuos en tanto ciudadanos con identidad y memoria histórica, ya que eso sería el signo de que hemos entrado en un cambio de Época. El factor esencial de la lucha contra la exclusión pasa hoy por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o colectivos afectados por esas dinámicas o procesos de exclusión social, lo cual precisa armar un proceso colectivo que faculte el acceso a todo el mundo a formar parte del tejido de actores sociales y, por tanto, no se trata sólo de un camino en solitario de cada uno hacia una difusa utopía; no se trata sólo de estar con los otros, se trata de estar entre el aroma de los otros. Devolver a las personas el control de su propia vida significa devolverles sus responsabilidades, y ya que entendemos las relaciones vitales como relaciones sociales, tanto de cooperación como de conflicto, esa nueva asunción de responsabilidades no se plantea sólo como un sentirse responsable de uno mismo, sino como un sentirse responsable con y entre los otros para constituirse en un “nosotros”.
Una de las formas habituales de encarar la exclusión es focalizar las posibles salidas en la búsqueda de empleo, pues se ha convertido en un elemento clave, y diríamos que inexorable, en la lucha contra la exclusión. Pero, sin negar que ése sea y seguirá siendo un factor estratégico en el camino para reconstruir una situación de ciudadano integral, hay que recordar que, si la exclusión tiene una dimensión multidimensional, las formas de inserción han de ser variadas. Esto responde a que muchas veces se entiende a la inserción profesional como la forma más completa o definitiva de inserción y se la compara con formas sociales de inserción que serían menos satisfactorias o más propias de aquellos con los que ya no se sabe qué hacer porque carecen de todo.
Todas las políticas puestas en el territorio (salud, educación, inversión social, seguridad, desarrollo económico, transporte, cultura, deporte, etc.) presentan una lógica de intervención excesivamente sectorizada, cuando son precisamente las interacciones entre esas políticas y sus efectos las que construyen las lógicas sociales y económicas en cuyo seno se dan los procesos de exclusión e inserción, afectando a personas y colectivos.
Por otro lado, si hablamos de flexibilidad, integralidad, compromiso colectivo y de comunidad como un todo, debemos acudir al ámbito local para encontrar el grado de proximidad necesario para que todo ello sea factible. Y es precisamente en el ámbito local en el que es más posible impulsar dinámicas de colaboración público-sociedad civil que permitan aprovechar los distintos recursos de unos y otros, y generar o potenciar los lazos comunitarios, el llamado sujeto social tan decisivo a la hora de asegurar dinámicas de inclusión sostenibles en el tiempo y con garantías de generar autonomía -no dependencia-, aunque ello no tenga porqué implicar la difuminación de responsabilidades de los poderes públicos. Ello exige activar la colaboración, generar incentivos y construir el consenso para un cambio de Época.
