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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Carolina Amaya, activista ambiental de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) reiteró el mensaje a la comisión legislativa de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “no queremos a cúpulas empresariales en la administración y gestión del agua, porque son estas cúpulas empresariales las causantes de la contaminación y extracción del recurso hídrico”.
La UNES emitió un pronunciamiento sobre los “Desafíos ambientales e hídricos del Estado salvadoreño para el 2020”, con el fin de hacer un llamado a la “reflexión” al Estado salvadoreño en su conjunto a respetar la Ley Ambiental y cumplir con convenciones y tratados internacionales, garantizando los derechos humanos al agua, a la soberanía alimentaria, a la prohibición de pesticidas y un entorno ambiental sano.
Amaya recalcó a la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, Martha Evelyn Batres, que la población ya ha expresado su sentir, como en la última encuesta del IUDOP-UCA, que reveló que 9 de cada 10 salvadoreños consideran que es “algo o muy urgente que los diputados de esta legislatura reconozcan en la Constitución el derecho humano al agua” (@IudopUCA).
“Sabemos que el partido ARENA, su partido, ha impulsado la privatización del agua, y no va a renunciar a la encomienda que le han dado de entregar la gestión y administración a manos privadas; porque a sus jefes -que son las cúpulas empresariales- le han dado ese mandato, y como ambientalistas aprovechamos mandarle el mensaje a la diputada Batres y a los otros partidos de derecha que no vamos a renunciar al mandato del pueblo de no privatizar el agua y el Gobierno también, al proponer otro anteproyecto ignora también todo el trabajo que se ha hecho en estos trece años anteriores; es por esto que exigimos que se retomen los 92 artículos ya consensuados y discutidos”, sostuvo.
Mientras, Luis González, de la UNES consideró que la reciente propuesta de la diputada Batres, sobre una “Hoja de Ruta” para la retomar la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas y Saneamiento, no está claro, no se sabe cuál será el abordaje y los límites de participación ciudadana.
“No sabemos aún si van a esperar la propuesta que supuestamente será del Gobierno, por el Ministerio de Medio Ambiente; tampoco si será la propuesta de anteproyecto de la ANEP, o harán lo más adecuado: una tabla comparativa con las tres propuestas de artículo por artículo, para discutir las tres propuestas incluyendo la de las organizaciones sociales. Lo ideal sería esta modalidad para ir comparando cuál es el más adecuado para beneficio de la población, después de nueve meses que hemos estado esperando”, acotó González.
Asimismo, Gregorio Ramírez refirió la precariedad del medio ambiente a partir de los incendios forestales, que según informes de Protección Civil solo en marzo de 2019 se registraron 109, que superaron los 90 contabilizados en el año 2018, lo cual consideró es una crisis ambiental ignorada por el actual Gobierno.
“Nuestra crisis más sentida es el derecho humano al agua, pese a las precipitaciones que son de alrededor de 1,724 milímetros (1952-2012), pero la demanda de agua y sus usos ha llevado a solo un 11 % a infiltración de acuíferos y el 89 % se pierde en evapotranspiración (66 %) y por escorrentías un 22%. Y como es de esperarse la crisis las pagan las clases empobrecidas y la naturaleza, es por esto que necesitamos un plan integral y sustentable para gestionarla”, sugirió.
Andrea Padilla recalcó en su intervención las constantes denuncias de tala de árboles, desvío o represamientos de ríos y la usurpación de bosques salados (manglares), por la expansión del cultivo de la caña de azúcar, cuyos agroquímicos asfixian y contaminan a las comunidades y ecosistemas.
“Es común que la industria cañera riegue sus cultivos sin importar el tiempo o cantidad de agua utilizada, pese a la reglamentación (MAG) sobre la regulación o las quemas de la zafra, que pese a estar prohibido por el Código Penal se siguen realizando”, sostuvo.
Asimismo, Salvador Recinos consideró entre los requerimientos urgentes en materia ambiental, desde el Estado salvadoreño, es dar cumplimiento y apegarse a marcos normativos como la Ley de Medio Ambiente, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Forestal, Ley de Avenamiento y Ley de Protección a la Vida Silvestre, entre otras legislaciones.
“Exigimos una discusión seria de Ley General de Aguas, pero también la Ley de Cambio Climático, la Ley de Soberanía Alimentaria y la propuesta de Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, para evitar la alarmante situación de persecusión y criminalización judicial que enfrentan las personas defensoras”, manifestó.
En cuanto a la vulnerabilidad de poblaciones como niñez, mujeres y pueblos indígenas, Recinos reiteró el llamado a poner en marcha planes de adaptación climática integrales en el territorio nacional, a fin de paliar los impactos del Cambio Climático.
“Necesitamos que desde el Estado se proteja a personas defensoras con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de derechos ambientales y regular las actividades de ciertos sectores económicos que dañan la salud de la población y los diversos ecosistemas del país”, concluyó.
