Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Oscar Grande lleva 8 años luchando contra la Insuficiencia Renal Crónica (ICR) adquirida como muchos otros de sus vecinos por la labor agrícola en el cultivo de la caña de azúcar o por el impacto colateral de la contaminación de estos agroquímicos en el agua, suelo y aire.
“La contaminación por la industria cañera, en el área de San Luis Talpa, (La Paz), ha dejado a varias familias que han perdido seres queridos por la Insuficiencia Renal Crónica. Cuando la persona llega a la etapa que necesita ser intervenido por hemodiálisis, se da cuenta que es un proceso que cambia la vida de la persona totalmente”, expresó.
“Los agrotóxicos se riegan con avionetas, drones y a veces, helicópteros pero al final de cuentas, igual sale contaminando el aire y en mi colonia se encuentran ya otros pacientes con insuficiencia renal. Hay niños y adultos mayores, otros mal de las vías respiratorias por las quemas, que están a solo 2 metros del cultivo y la quema genera un calor y humo insoportable y estamos en ya en la zafra(cosecha)”, indicó Oscar Grande.
Oscar Grande lamentó que el Hospital Rosales, de Tercer Nivel de atención médica, se encuentre “colapsado por los casos de Insuficiencia Renal” que atienden a diario que ha provocado menor calidad en su atención a los pacientes y la calidad de los procesos habituales de extracción de toxinas del cuerpo.
“Es lamentable que el hospital (Rosales) esté colapsado y lo que tendría que estar dándole a cada paciente es un proceso de 4 horas de hemodiálisis, 3 veces por semana para que el paciente tenga mejor calidad de vida”, explicó.
“Ahora sólo está dando 3 horas de hemodiálisis y 2 veces por semana, lo cual deja al paciente con el esfuerzo individual, para poder llegar a su nuevo tratamiento de hemodiálisis”, manifestó Grande.
Otras de las carencias que enfrentan los pacientes de IRC es la falta de medicamentos especializados en el hospital, y que “son medicinas que no deben dejar de tener el paciente”, por su estabilidad de vida en general, agregó Grande, por lo que deben salir a comprarlos en farmacias comerciales.
“Si los pacientes del IRC tenemos algún apoyo, la respuesta es no. Antes en San Luis Talpa, el alcalde nos daba ayuda con el transporte al Hospital Rosales, desde aquí en La Paz, pero después de la Pandemia (COVID-19) canceló todo eso y nos quedamos sin ese apoyo, ahora, el alcalde a otro período municipal, y el problema renal ha quedado en el olvido”, sostuvo.
“Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, tampoco recibimos apoyo de ninguna otra institución del gobierno para salir adelante con los gastos de los medicamentos. Muchas veces, en el hospital cuando llegamos a pedir medicinas no tienen, entonces, debemos efectuar otro gasto”, reiteró Grande.
Las organizaciones de la Campaña Azúcar Amarga dieron cuenta tambiéqaw34n sobre una reciente investigación sobre la Enfermedad Renal Crónica, que identificó a los adultos de las comunidades agrícolas como Guayapa Abajo, Jujutla, Ahuachapán, con 18 de cada 100 personas con padecimientos renales . Y que el porcentaje se eleva a 23 por cada 100, al analizarlo desde la población masculina.
Luis González, del equipo coordinador de la UNES, que integra la Campaña Azúcar Amarga, manifestó que el “Día Mundial del No Uso de los Agrotóxicos”, hacían un llamado a la Asamblea Legislativa, para que emita “políticas urgentes” para detener la importación, producción, comercialización y uso de agrotóxicos que afectan la vida de la población rural.
“El uso indiscriminado de agrotóxicos está aumentando la muerte de hombres y mujeres en El Salvador, y como Campaña estamos muy preocupados por los impactos sociales, culturales y medios de vida en las comunidades y la contaminación en la flora, fauna y al ambiente ”, dijo.
“Nos preocupa la salud de la población por una industria que no está regulada y que sólo beneficia a los sectores mayormente fuertes económicamente. Nos preocupa la población masculina en donde la IRC es la segunda causa de muerte hospitalaria y la quinta en mujeres, y que no se tome conciencia para regular una industria que causa mucho daño”, sostuvo González.
La Campaña Azúcar Amarga planteó como medida urgente la prohibición de cinco agroquímicos peligrosos por su toxicidad y agresivos con la salud del ser humano como: el Paraquat, el Glifosato, el Edonal, los Clorpirifos y Forato. Y el fortalecimiento de la institucionalidad para aplicar dichos controles de manera estricta a fin de evitar malas prácticas agrícolas.
“Hay dos elementos, primero, quizás nos falta legislación en la temática ambiental, pero efectivas, se deben prohibir los agrotóxicos como los 5 más peligrosos, aunque ya existen propuestas presentadas que solicitan vetar su importación y uso, pero también se debe prohibir el riego por avionetas o drones, las quemas agrícolas y regular la industria cañera”, manifestó.
“No han existido condiciones ni interés político en la Asamblea Legislativa, para abordar estos temas, es preocupante que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en todo este tiempo de gestión, sólo han visto 2 iniciativas ambientales. Aprobar la Ley General de Recursos Hídricos que venía avanzada con un debate de 16 años. Y segundo, la propuesta de ley para promover la reforestación en la calle hacia la Ruta de las Flores en 3 años de trabajo”, comentó González.
En ese sentido, la Campaña Azúcar Amarga exhortó a las autoridades y, a la Asamblea Legislativa, a decretar una ley con principios jurídicos que “garanticen derechos de la población”, como la participación de las comunidades en la formulación de la gestión sustentable de aguas y bienes naturales, así como la protección y restauración de los suelos, seguridad alimentaria y una gestión positiva de derechos humanos.
Judith Barrera, de la Campaña Azúcar Amargo, reiteró que la exigencia a vetar la importación, comercialización y uso abusivo de los agroquímico, era una lucha de varios años atrás, que han sido ignorados por la institucionalidad actual, pese a los efectos negativos en la salud de la población y el medio ambiente nacional.
“Entendemos que los ministerios están para garantizar los derechos de la gente y no las ganancias de estas grandes empresas del sector de poder económico.
En el mes de julio tuvimos una conversación con el vice Ministerio de Agricultura, prohibir estos agrotóxicos y la respuesta fue seguir impulsando nuevas herramientas o mecanismos hacen daño al medio ambiente y la salud de la gente”, sostuvo.
“No es posible que estos tratos con Bayer o Monsanto, se sigan dando mientras las cifras sobre los impactos en las personas y bienes naturales, siguen avanzando. Exigimos crear un marco regulatorio porque ya tenemos propuestas y que los funcionarios se pongan en función de la gente y no de las grandes empresas ni del sector azucarero”, puntualizó Barrera.