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@arpassv
La campaña que ARENA, sus precandidatos y medios de comunicación mantienen, a pesar de la prohibición en el Código Electoral y la medida cautelar del TSE, es obscena. Como bien señala el padre José María Tojeira, “es simplemente vergonzosa para una sociedad que se considere democrática”.
“Es una campaña anticipada que viola leyes electorales que ponen plazos específicos”, advierte el sacerdote jesuita, en un artículo publicado ayer en Diario Co Latino y retomado por la Agencia Salvadoreña de Prensa (APS).
“El derroche de dinero, la referencia a toda la población, el abuso de la palabra presidente en vez de candidato y la pretensión de que nos sentiremos orgullosos de alguien que busca más el interés de la empresa privada que el de los trabajadores, son una sarta de abusos que riñen no solo con el espíritu democrático sino también con la decencia”, considera el exrector de la UCA.
Para Tojeira, la presencia de dos miembros de familias millonarias (Carlos Calleja y Javier Simán), fuertemente vinculadas a los medios masivos a través de su publicidad comercial, “presagia una campaña donde el dinero será más protagonista que la verdad o el debate serio de los problemas que afectan a la gente”.
“Da vergüenza ver con gran relieve y como noticia periodística las generalidades huecas y vacías de los dos millonarios”, dice Tojeira. Agrega que “estos obtusos candidatos se apoderan de un lenguaje que no compromete y deja de lado los intereses del país, les molesta la subida del salario mínimo y amenazan a quienes desean un ingreso más alto con la alternativa de comer algo con salarios pequeños o no comer nada si la mano de obra le sale cara a los inversionistas”.
Tojeira recuerda que los sectores pudientes que representan los precandidatos areneros “tienen los recursos necesarios para una mayor inversión en educación y otras necesidades de la población, pero se han opuestos drásticamente a poner impuestos adecuados al gran capital”.
Las críticas del padre Tojeira deben alertar al país sobre los graves peligros que representa un eventual “gobierno de los ricos para los ricos”.
El sacerdote jesuita recuerda que “el país necesita reformas estructurales en el campo económico y social”, para lo cual se requieren “acuerdos nacionales que garanticen el desarrollo de las capacidades de la población y el respeto a los derechos que brotan de su dignidad”.
