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Por Leonel Herrera*
Deshonesta, indecente, inmoral, impúdica, desvergonzada… Sobran los calificativos y adjetivos para caracterizar la obscena campaña electoral del oficialismo. Ninguna persona honrada y correcta, con sentido crítico y perspectiva ciudadana, puede dejar de sentir repulsión por una propaganda tan falaz e insultante para la inteligencia colectiva, la dignidad humana y el sentido común.
Primero, porque se trata de una campaña ilegal y delictiva. El proselitismo electoral del presidente Nayib Bukele es gravemente ilícito porque su candidatura es inconstitucional; como lo son también la “licencia” otorgada por sus servidores legislativos y la designación de su secretaria privada para supuestamente cubrirlo en el puesto.
Igualmente ilegal es la campaña de todos los candidatos y candidatas diputados, alcaldes y miembros de concejos municipales que constitucionalmente perdieron sus derechos ciudadanos por promover la reelección presidencial continua de su jefe y líder supremo, tanto candidatos de Nuevas Ideas como también de sus partidos satélites GANA, PCN, PDC, CD y el recién creado Fuerza Solidaria.
Segundo, porque es una campaña falsa y sin propuestas. La prédica oficialista está llena de mentiras y se basa en la construcción de una realidad paralela a la que vive la mayoría de la población, una realidad ilusoria de un país que no existe. Este discurso propagandístico plantea falazmente la idea de “un nuevo país” o “un país de primer mundo”, con el concurso “Miss Universo” y Lionel Messi jugando en el Estadio Cuscatlán.
La campaña, además, carece de propuestas serias, viables y sostenibles sobre los problemas que afectan a la población y en los que no hubo acción gubernamental en estos cinco años: pobreza, alto costo de la vida, desempleo, bajos salarios, crisis alimentaria, deficiente atención en salud, falta de agua y saneamiento, baja calidad educativa, entre otros.
Tercero, porque es una campaña de miedo. El proselitismo bukelista reedita el peor estilo de las campañas de ARENA que utilizaban el miedo como arma propagandística. La actual narrativa oficialista amenaza y chantajea con que “regresarán las pandillas” si la oposición gana la presidencia o Nuevas Ideas no mantiene la mayoría legislativa.
Así como en el pasado los comunistas “comeniños” representaban una amenaza para la atracción de inversiones, la recepción de remesas y el patrimonio de la gente; ahora los opositores “quita régimen de excepción” y defensores de las maras ponen en grave peligro la seguridad pública que hoy disfrutamos por obra y gracia del presidente Bukele, su “plan control territorial” y régimen de excepción.
Cuarto, porque es una campaña que usa recursos públicos para financiar el aparato de propaganda gubernamental, comprar paquetes alimenticios y otros gastos importantes del proselitismo oficialista. A finales de diciembre el gobierno tomó 1,000 millones de dólares de los fondos de pensiones ¿Serían para cubrir costo de la campaña electoral?
Incluso, es posible que -dada la falta de acceso a la información, la opacidad en el manejo de fondos públicos y la falta de rendición de cuentas- el gobierno también esté financiando con recursos del Estado (y de la población) la difusión de mensajes y otras acciones directas de la campaña electoral.
Y quinto, porque es una campaña fraudulenta que promueve unas elecciones fraudulentas caracterizadas por una candidatura presidencial inconstitucional y una “cancha electoral” demarcada a la medida de los objetivos políticos de oficialismo: reducción de diputaciones, eliminación de municipios, voto por internet sin controles de seguridad, concentración de voto exterior en San Salvador, 600 mil votos con DUIs vencidos, etc.
La campaña y las elecciones fraudulentas también se realizan en un estado de suspensión de garantías constitucionales y con una institucionalidad pública totalmente cooptada desde Casa Presidencial que elimina cualquier atisbo de transparencia, libertad y justicia en el proceso electoral.
*Periodista y activista social.
