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Oscar López
@OscarCoLatino
La Defensoría del Consumidor (DC) junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) activaron la campaña denominada “Defensoría Escolar”, con la que se pretende proteger los derechos e intereses de los consumidores frente a los proveedores de útiles escolares de centros educativos públicos y privados.
María Castillo, gerente de Protección y Ambientes Educativos Seguros de la DC, explicó que la campaña tiene importancia porque el objetivo es que las familias defiendan sus derechos en términos de consumo, por lo que es vital que conozcan las leyes que les protegen sus derechos como consumidores.
“Ningún centro educativo público debe cobrar ningún tipo de cuotas, el paquete escolar es gratis, el servicio educativo es gratis. Ningún centro educativo privado tiene que obligar a la familia a comprar útiles escolares o uniformes en el centro educativo, tampoco puede imponer cuotas que no hayan sido consensuadas con al menos el 75 % de la comunidad educativa”, externó Castillo.
La funcionaria de la DC indicó que los padres de familia que consideren que algún centro educativo cometió un abuso tienen la posibilidad de interponer una denuncia en las 32 defensorías del consumidor destacadas en el país, además de las Oficinas de Transparencia del MINEDUCYT y las direcciones departamentales de Educación.
“El Ministerio de Educación desplegará su equipo de auditoría, porque todo aquello que sea cobrado y que no está en el marco de la ley tiene que ser reintegrado a las familias”, declaró la gerente de Protección y Ambientes Educativos Seguros de la DC.
De igual forma, recomendó a los padres de familia hacer cotizaciones para definir cuál establecimiento tiene los mejores precios y así tener un ahorro al adquirir los útiles escolares que necesitarán sus hijos. “Existe publicidad engañosa, pueden ir donde les convenga más de acuerdo al precio y a la calidad de lo que necesitan”, enfatizó Castillo.
La funcionaria de la DC dijo que en años anteriores hubo denuncias por abusos cometidos en los centros educativos, por lo que se inició un proceso en el que colegios tuvieron que probar que cuotas o incrementos en matrícula o mensualidades fueron hechos de manera correcta, de lo contrario corrigieron la situación devolviendo el dinero a los padres de familia.
“Es importante que la familia haga uso del mecanismo de defensa, hacer un ejercicio responsable del derecho a través de las denuncias, el Ministerio tiene la responsabilidad de investigar y establecer la sanción o decidir la devolución del dinero a las familias”, concluyó Castillo.
