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Tegucigalpa/AFP
Una organización agraria hondureña condenó la impunidad reinante en al menos 113 asesinatos perpetrados en los últimos cuatro años contra campesinos en la conflictiva zona del Aguán, for sale donde se libra una enconada lucha por la tierra.
«Estamos condenado la impunidad de los crímenes de parte (por culpa) del aparato judicial» y el involucramiento de los cuerpos de seguridad del Estado en la represión a campesinos, cialis dijeron en rueda de prensa dirigentes de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, ubicado 600 km al noreste de la capital hondureña.
«Son 113 asesinatos por guardias y paramilitares de los terratenientes que se mantienen en la impunidad, cerca de 400 huérfanos y decenas de viudas», lamentó por su lado Yoni Rivas, dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que integran una docena de organizaciones agrupadas en la Plafaforma Agraria.
Entre los participantes en la conferencia, a la que asistieron decenas de campesinos de aquella comunidad, estuvo Santos Bernabé Cruz, un adolescente que fue bañado con gasolina por militares que amenazaban con prenderle fuego el 19 de setiembre de 2011.
Cruz, hoy de 18 años, relató a la AFP que ese día estaba reparando su bicicleta frente a su casa, en el asentamiento de Rigores, cuando descendió un helicóptero del cual salieron varios militares que se le acercaron apuntándole con fusiles M-16.
«Sos un asesino, ladrón», relató que le dijeron los militares, quienes le quitaron la camisa y le amarraron con las manos en su espalda usando los cordones de sus zapatos. Luego, lo llevaron a una finca de palma africana donde le rociaron con gasolina y amenazaron con prenderle fuego.
De su lado, otro campesino, Neptalí Esquivel, indicó que el 30 de marzo anterior durante una protesta agraria un soldado le disparó a quemarropa y sin que mediara provocación en la pierna izquierda. Ahora camina con un bordón porque el disparo le deshizo el hueso.
El conflicto en la zona del Aguán estalló en enero de 2010, un mes después de que miles de campesinos ocuparon vastas extensiones de tierras propiedad de ricos terratenientes, sembradas de palma africana.
Los campesinos alegaron que las tierras les pertenecen pues les fueron entregadas por el gobierno en el marco de una reforma agraria en la década de 1980.
En 1992, una ley permitió que esos predios fueran vendidos, y algunos dirigentes agricultores, a espaldas de sus bases, las cedieron a precios bajos a los terratenientes.
Los terratenientes –que cuentan con el apoyo de militares y policías– alegan que durante los últimos años los campesinos han matado alrededor de 20 guardias contratados para proteger sus fincas y algunos empleados administrativos.
