COMUNICADO

MAURICIO RAMÍREZ LANDAVERDE, ex-Ministro de Justicia y Seguridad Pública, actuando en carácter personal, en relación a noticias sobre supuestos actos de corrupción en la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en las actividades de las Tiendas Institucionales y de la Asociación “Yo Cambio”, ASOCAMBIO, a la opinión pública deseo hacer del conocimiento lo siguiente:
1. Desde el inicio de mi gestión en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública impulsamos un trabajo en equipo, para transformar el sistema penitenciario en un sistema seguro, humano y rehabilitante, enfrentando muchos problemas, entre ellos el de las Tiendas Institucionales. Dichas tiendas tienen décadas de existir, prácticamente desde la fundación del sistema penitenciario, tiempo durante el cual no se les dio formalmente vida legal, no se llevó un sistema contable formal, mucho menos fueron auditadas sus operaciones y tampoco se rindió cuentas de sus ingresos y gastos. Fue hasta 2010 que la administración hizo esfuerzos por regularizarlas, se reformó la ley para que fueran incluidas y se estableció un sistema contable formal, desarrollándose programas como el de “Cero Dinero”, a partir del cual cesó la circulación de dinero en efectivo en los centros penales.
2. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, a mi llegada al ministerio en 2016 se ordenó realizar un Examen Especial de Auditoria en el que se encontraron indicios de mal uso de los recursos y que la definición del carácter público o privado de los ingresos no había sido resuelto. A la vez, persistía un problema no menos grave: la informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban al ISSS ni a las AFP´s. Tampoco se les hacía la respectiva retención al impuesto sobre la renta. Dicho problema se agravó ese mismo año cuando la FGR allanó las instalaciones de la DGCP, incautando toda la información contable y ordenando la detención de dos exdirectores de dicha institución.
3. Conscientes de la magnitud del problema, después de analizar detenidamente la situación, desarrollamos un plan para darle solución a través de diferentes alternativas, de las cuales la más viable técnica y legalmente era constituir una Asociación sin Fines de Lucro, algo ya contemplado en la Ley Penitenciaria y su Reglamento, iniciando las gestiones ante las autoridades pertinentes y al contar con todas las autorizaciones, ASOCAMBIO inició operaciones en enero de 2019. Esto nos permitía seguir contando con recursos vitales para la DGCP, siendo lo más crítico el mantenimiento de las Clínicas Medico-Odontológicas, ya que en el presupuesto ordinario no se cuenta con recursos para ello, además de pagar a todos los trabajadores de ASOCAMBIO y cubrir necesidades urgentes de la DGCP. ASOCAMBIO tiene una dirección colegiada y administración profesional, se rige por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro, no hay ningún reparto de utilidades, absolutamente todos los ingresos de la operación de Tiendas Institucionales son destinados para los fines descritos, no se invirtió nada en vehículos, inmuebles u otro tipo de bienes.
4. ASOCAMBIO es una solución viable al problema expuesto que en ningún momento quita la facultad a la DGCP de disponer de los recursos, ya que la Junta Directiva está conformada por las mismas autoridades penitenciarias. Se es parte de dicha Junta en virtud del cargo ostentado. Al salir del ministerio, ya no tengo ninguna relación con ASOCAMBIO. La Asociación cuenta con Auditoria Interna y oportunamente se comunicó a la Corte de Cuentas de la República del inicio de las operaciones. Supongo que por ser éste el primer año, dicha entidad contralora no ha procedido a las auditorias pertinentes.
5. Todos los antecedentes e información están disponibles para las autoridades; y en lo personal estoy completamente a disposición de éstas, ya que tengo un compromiso con la Justicia y la Legalidad, el cual he demostrado en mis 27 años de servicio público en el área de seguridad, confiando en que hemos luchado por construir un sistema de justicia independiente y absolutamente consciente de que he actuado con rectitud, dentro de la legalidad, con el único propósito de resolver un grave problema para la institución y el país.

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