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La Habana / AFP
La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió el jueves en La Habana con su par cubano, Bruno Rodríguez, para discutir una salida a la crisis en Venezuela y defender los intereses de empresas canadienses en la isla, bajo amenaza de una ley estadounidense.
Tras la cita, el ministro de Relaciones Exteriores del país anfitrión, aliado del gobierno de Nicolás Maduro, escribió en Twitter: «Cuba ratifica su disposición a contribuir con iniciativas que promuevan el diálogo respetuoso con el gobierno de Venezuela sobre la base de la igualdad soberana de los Estados, los principios del derecho internacional y los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz».
Aunque, según un comunicado de la cancillería cubana, Rodríguez dejó en claro «el rechazo al uso o a la amenaza del uso de la fuerza, y a la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales que provocan daños humanitarios».
Estados Unidos aplica un cerco diplomático y económico al gobierno Maduro para obligarlo a dejar el poder, y no ha descartado el uso de la fuerza para ese fin.
Antes de su arribo a la isla, la ministra Freeland había destacado la importancia de que Canadá y Cuba «se reúnan para discutir la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela», y el potencial trabajo conjunto para enfrentarla.
El encuentro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, se produjo dos semanas después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversara por teléfono con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para abordar el asunto.
Trudeau habló en nombre del Grupo de Lima, que reúne a 13 naciones de América Latina y Canadá, y destacó el valor que otorgan su país y Cuba «al mantenimiento de elecciones libres y justas en Venezuela y al respeto de su Constitución».
-Intereses comunes-
La ministra Freeland adelantó que esperaba trabajar con Cuba «en la defensa de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas» en el país, bajo riesgo de demanda tras la activación reciente de una ley estadounidense que estuvo congelada desde 1996.
«Agradecí la oposición de su país a la Ley Helms-Burton», comentó el canciller cubano.
Como parte de las medidas de Washington contra Cuba, la administración de Trump puso en vigencia desde mayo el título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que administren bienes confiscados por la revolución de 1959.
Las demandas pueden ser presentadas por estadounidenses o emigrantes cubanos que adoptaron esa ciudadanía.
Desde entonces, bienes de un gran número de empresas europeas y canadienses con inversiones en Cuba han quedado bajo riesgo de demanda.
Por ejemplo, la gigante canadiense Sherritt tiene una empresa mixta con el estado cubano desde 1995 para explotar los ricos yacimientos de níquel en el este de la isla, que incluye una antigua planta nacionalizada.
Cuba asegura que la mayoría de estas propiedades fueron nacionalizadas y pagó un precio por ellas, pero no hubo acuerdos con Estados Unidos.
-Visas a Canadá-
Pese a las coincidencias, el canciller de Cuba dijo que trasladó a Freeland su «insatisfacción por la decisión de suspender el otorgamiento de visas a cubanos» en la embajada de Canadá en La Habana.
Desde el 8 de mayo, la delegación dejó de emitir visados para cubanos, en línea con la reducción de su personal diplomático en La Habana. Ahora, las solicitudes deberán hacerse en una embajada canadiense en un tercer país.
El gobierno de Ottawa retiró en enero de 2019 la mitad del personal de su embajada en Cuba, debido a supuestos «ataques acústicos», algo que la cancillería cubana rechazó.
Estados Unidos había tomado una medida similar en 2017, cuando dejó su embajada funcionando al mínimo, tras denunciar incidentes similares.
