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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Ante las elecciones legislativas y municipales de mañana 28 de febrero, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua exigió una Ley General de Aguas y un reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
La Alianza aseguró que a un año de la peor crisis de abastecimiento de agua potable en el gran San Salvador, que dejó sin servicio al menos 1.2 millones de personas, y a la que se le sumó la cuarentena estricta, extendiendo en el que un 97.1 % de los hogares en el área metropolitana de San Salvador expresaron haber tenido problemas con el suministro del vital líquido para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 que, dicho sea de paso, se vuelve un elemento de vital importancia para la higiene.
Adela Bonilla, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, manifestó que en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa se encuentra desde hace quince años, la primera propuesta de ley que las organizaciones de sociedad civil construyeron. Sin embargo, la discusión del anteproyecto de ley está estancada, y la mencionada comisión, no sesiona desde las últimas cinco semanas. Para la Alianza esto demuestra una falta de compromiso para garantizar el derecho humano al agua de la población salvadoreña.
La presidenta de la comisión de medio ambiente y cambio climático de la Asamblea está regida por la diputada Marta Evelyn Batres (ARENA), al respecto, la Alianza manifestó que el equipo técnico del partido de derecha en donde se realiza la discusión del articulado de la ley, insiste con maniobras en privilegiar a los usuarios industriales y agroindustriales del agua concediendo a través de figura legales derechos a gozar del agua sin controles y sin costos.
Esta actitud, según Adela Bonilla, es compartida además por ARENA, CD, GANA, NUEVAS IDEAS, NUESTRO TIEMPO, PDC, ya que no asistieron a la firma de una carta realizada por la Alianza Contra la Privatización del Agua que comprometía a los partidos políticos a ratificar en la siguiente legislatura una reforma constitucional que incorpore el derecho humano al agua. De todas las expresiones políticas, solo la firmaron el FMLN, VAMOS, DS y PCN.
Según detallaron los dirigentes de la Alianza, el partido político Nuevas Ideas se negó a recibir adecuadamente la correspondencia de la organización civil, en una actividad dirigida a todos los institutos políticos donde se plantearon los compromisos mínimos que se esperan de ellos para contar con una Ley de Aguas.
“Esta semana hicimos una actividad con el objetivo de llegar hacia las sedes de los partidos, porque precisamente son ellos los que no han acatado lo que hemos hecho como movimiento”, señaló Rodolfo Calles, miembro de la organización. La idea era llegar a la sede de los partidos a entregar una carta en la búsqueda de asumir un compromiso con la población salvadoreña para legislar en favor de este bien hídrico; sin embargo, “en la mayoría de sedes que visitamos, nos recibieron y firmaron la carta, pero en el caso de Nuevas Ideas, no fuimos recibidos de la mejor manera, se nos negó la firma a la carta y nos informaron que si queríamos la firma que fuéramos la siguiente semana, eso descontextualizaba la actividad que estamos realizando porque era una actividad enmarcada en las elecciones”, añadió Calles.
La organización en pro del agua ven cuesta arriba el proceso para detener la privatización de agua y promover una participación de los salvadoreños, ya que poco o nada se han comprometido los políticos respecto al tema. Hasta este punto, la Alianza relató que llevan cinco legislaturas donde se ha iniciado el abordaje del tema del agua, pero hasta esta fecha no hay una Ley General del Agua en El Salvador.
Rodolfo Calles lamentó la situación, “se supone que los diputados son los representantes del pueblo y que su mayor interés, debe ser legislar en favor de la población, y esto no ha estado ocurriendo en el tema del agua”, expuso.
“Si la ley del agua no logra salir en lo que resta de esta legislatura, estamos llamando a los nuevos diputados que van a asumir el próximo 1 de mayo a que le den la importancia debida a este tema”, sostuvo Calles.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua hizo públicos cinco puntos fundamentales que los nuevos legisladores tendrán que tomar en cuenta respecto a este tema, los cuales son: declarar que el agua es un bien público. Que se tenga una garantía del derecho humano al agua y saneamiento. Que haya una gestión pública con participación efectiva de la sociedad salvadoreña en su conjunto. También se debe tener una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y, por último, que exista un régimen económico y financiero justo y equitativo.
Esta organización social hizo un llamado a los votantes salvadoreños a que se fijen en aquellos candidatos que muestran un verdadero interés en aprobar dicho anteproyecto de ley.
La Alianza también se pronunció por el respeto a los resultados electorales. No obstante, cualquiera que sea el resultado o la correlación legislativa resultante reafirmarán la lucha y ejercicio de contraloría ciudadana en el Legislativo, Judicial, Ejecutivo, tal como lo han hecho años atrás.
Y, ante la amenaza de privatización disfrazada del agua, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua dijo que mantendrá la defensa por los derechos de la ciudadanía salvadoreña.
