Candidatos a la vicepresidencia firman acuerdo contra la corrupción

Oscar López

@OscarCoLatino

Los candidatos a la vicepresidencia por la Alianza por un Nuevo País y por el partido VAMOS, Carmen Aída Lazo y Roberto Ocampo, respectivamente, recibieron el Acuerdo País Contra la Corrupción, documento que contiene medidas para combatir la corrupción estatal, partidaria, empresarial y civil.

El objetivo es que los integrantes de las fórmulas presidenciales de todos los partidos políticos que participan en la elección presidencial asuman compromisos para la adopción y cumplimiento de las propuestas contenidas en el documento.

Mario Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia, externó que 16 universidades se unieron para trabajar en un documento que facilite lograr un acuerdo de país para el combate a la corrupción. En la elaboración del acuerdo también participaron organizaciones de la sociedad civil.

“Este Acuerdo de País está avalado y firmado por más de 12 mil personas y representantes de más de 50 organizaciones, logramos ponernos de acuerdo y entendemos que el problema de la corrupción tiene raíces culturales, es importante mencionar que logramos sacar una serie de recomendaciones y acciones concretas para combatir ese flagelo de la corrupción”, afirmó Ruiz.

Los candidatos a la vicepresidencia firmaron el acuerdo, por lo que asumieron el compromiso de que en los 200 días contados desde que asuma el nuevo gobierno de la República se dará a conocer una política coordinada y eficaz de combate a la corrupción.

Esta política será presentada en acto público y de convocatoria abierta, e incorporará las medidas prioritarias del acuerdo. Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia por la Alianza por un Nuevo País, indicó que como medidas al combate de la corrupción proponen la eliminación de la denominada “partida secreta”, evitar la repartición partidaria de puestos en el Gobierno ya que esto genera conflicto de interés.

“Todavía hay gastos reservados por cerca de $30 millones, esto tiene que llevarse a su mínima expresión, únicamente para el Organismo de Inteligencia del Estado que tiene que ser no más de $5 millones, ningún gasto tiene que estar oculto al escrutinio de las auditorías”, declaró Lazo.