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A la ciudadanía, en general, y a los votantes, en particular, debería causarles indignación los ofrecimientos electorales de dos de los candidatos presidenciales de derecha, quienes han anunciado que eliminarán la contribución especial a la telefonía y a los grandes contribuyentes, a pesar que con estos fondos se cancelan los bonos trimestrales a la policía, soldados y custodios de centros penales.
Pero no solo eso, de esos fondos especiales se destina una parte para la juventud, a las alcaldías, para recuperar espacios públicos, y a educación, el deporte y la cultura.
Que el señor Carlos Calleja y Nayib Bukele anuncien que van a eliminar esa contribución sin decir de dónde obtendrán los recursos para los bonos y para la prevención es, además, de una propuesta populista una irresponsabilidad, y en el caso de Calleja, hasta una medida desesperada porque las encuestas no les favorece.
Es necesario que la ciudadanía sepa que la Contribución Especial es el resultado de aplicarle el 5 % a la telefonía, pero también a los grandes contribuyentes.
La ciudadanía debe saber que cerca de $60 millones, de los $110 que se recogen anualmente en este rubro, provienen de aplicarle el 5 % a los grandes contribuyentes, es decir, a las 350 grandes empresas que declaran rentas netas arriba de los 500 mil dólares mensuales.
Es decir, no es cierto que Calleja y Bukele quieren evitar que al ciudadano común le apliquen el 5 % como contribución especial, sino que evitar que 350 grandes empresarios, los ricos de El Salvador, sigan pagando ese impuesto para la seguridad.
Y es que si, en efecto, lo que quisieran es evitar que el salvadoreño común pague cinco centavos de impuesto por cada dólar de saldo en la telefonía, debería reformar la ley, tal como lo propuso recientemente la fracción legislativa del FMLN.
Es decir, aumentar en 7.5 % en vez del 5 % a los grandes contribuyentes, con lo que el Estado recibiría 90 millones de dólares en vez de $60 de parte de los contribuyentes.
O sea, tanto Calleja como Bukele se deberían pronunciar a favor de los pobres, es decir, que lo que no paguen los pobres que lo paguen los ricos, como lo ha planteado el FMLN. Esta sí sería una propuesta seria, pues, no se pone en peligro el bono para los policías, soldados y custodios presidenciales, ni se dejarían sin fondos las alcaldías e instituciones que están trabajando en prevención en los 50 municipios priorizados.
