Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPES) se manifestó sobre el caso de los líderes comunitarios y miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de enero en el departamento de Cabañas, debido a un supuesto homicidio durante el conflicto armado y por “asociaciones ilícitas”. El COFAPES también fue una de las organizaciones que mostró solidaridad con las familias de los detenidos, entre los que están Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, lídederes comunitarios, además, Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES y Saúl Agustín Rivas, asesor legal de la organización.
“Reconocemos la larga trayectoria de trabajo económico social realizado durante décadas para el beneficio de las comunidades rurales y repobladoras”, externó el comité.
En ese sentido, COFAPES catalogó que los capturados son víctimas de persecución política realizada por el “actual régimen gobernante del clan Bukele”, quienes adjudicaron falsos delitos en su contra sin pruebas sólidas, y que aun así los llevaron al encarcelamiento.
Los líderes capturados enfrentaron la audiencia inicial el jueves 19, ocho días después de su captura, en la cual, el tribunal ordenó que los detenidos continúen en prisión preventiva durante el proceso judicial y durante seis meses.
En un inicio, la comunidad expresó que era indignante que a 31 años de que culminó la guerra civil y a 40 años de las “atrocidades” cometidas hacia Santa Marta, que el Estado no fue capaz de judicializar, y hoy actúan, pero para revictimizar a la misma comunidad en un hecho que parece “venganza política”. “Manifestamos a la comunidad Santa Marta y ADES nuestro apoyo y respaldo a su lucha por la libertad de los cinco presos políticos, por lo cual exigimos al actual Gobierno (que) cese la persecución política contra líderes comunales, activistas de derechos humanos, ambientalistas, a no re victimizar a la comunidad Santa Marta, pues al atacar a sus líderes ha revivido hechos represivos que la población sufrió durante el conflicto armado y en esta ocasión ocasionados por la PNC, Fuerza Armada y Ministerio Público”,
De igual forma instó al Estado a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares salvadoreños hacia la comunidad de Santa Marta en el pasado y a respetar los derechos humanos de los capturados y su inmediata libertad.
