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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que fue capturado en flagrancia Armando Jirón, alcalde de La Paz Centro, por el partido GANA, debido al delito de contaminación ambiental, al ordenar la quema de decenas de ramadas, puestos de ventas y el mobiliario de comerciantes, de la playa Costa del Sol.
Asimismo, fue capturado César Augusto Ticas González, jefe de Catastro de la alcaldía de La Paz Centro, ya que él dirigió la quema de ramadas en dicha playa.
La noche del pasado 13 de mayo empleados de la alcaldía de la Paz Centro, algunos encapuchados, llegaron a quemar ramadas, sillas y otras pertenencias; pese a que advirtieron a los comerciantes no grabar videos ni tomar fotografías, estos fueron difundidos en redes sociales.
“La alcaldía de la Paz Centro continúa con el desalojo de comerciantes de la Costa del Sol, ahora queman pertenencias que hay en los negocios, a pesar de que se presentó un escrito a la alcaldía para una mesa de diálogo”, señaló Ivania Cruz, abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
Cruz indicó que el ISTU inició el proceso contra los comerciantes en el Juzgado Ambiental y de esta manera quisieron hacer los desalojos, todo por la remodelación del turicentro Costa del Sol, para tener vista al mar, sin dar una alternativa a los comerciantes afectados.
La UNIDEHC reiteró que la tarde del 13 de mayo presentó un escrito a la alcaldía solicitando una mesa de diálogo con las autoridades, donde ningún funcionario, menos el edil Armando Jirón, accedió a tener una reunión con el equipo de abogados y los comerciantes afectados, para dar alternativas de solución. Asimismo, se verificó los daños ocasionados por personal de la alcaldía de la Paz Centro, el 11 de mayo de 2024.
“En esta ocasión queman hasta sus pertenencias, que con mucho esfuerzo han logrado, con trabajo de manera honrada, además denuncian que han recibido amenazas para que no tomen fotografías y vídeos. Señor alcalde cuál es el miedo”, cuestionó UNIDEHC.
Los abogados exigen al Juzgado Ambiental por qué no se brindó el debido proceso a los comerciantes, ya que, según la resolución, el alcalde debía haber inspeccionado y reubicar los negocios bajo las normas y ordenanzas correspondientes.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) se solidarizó con las familias violentamente desalojadas de sus negocios en la Costa del Sol y condenó esta acción criminal del gobierno de Nayib Bukele, e hizo un llamado a redoblar la lucha y organización en defensa de los derechos.
CESTA condena desalojo
Mientras tanto, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, condenó el desalojo de las 59 ramadas, alegando afectación ambiental, calificó el hecho como un verdadero crimen y sobre eso debe responder el alcalde Jirón, así como el director de la PNC al permitir tal acción.
A criterio de Navarro, si el ISTU está verdaderamente interesado en las afectaciones ambientales lo que debería cerrar serían los grandes hoteles y restaurantes, pues ellos producen la mayor cantidad de plástico desechable y contaminan el agua.
“La razón por la cual han retirado a estas gentes es porque les hacen competencia a los grandes locales, quisiera pedir a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, comisionado presidencial de Derechos Humanos que digan algo, por lo menos para mostrar que algo están haciendo. El presidente Bukele no debería permitir ni apoyar estas violaciones a los derechos humanos”, manifestó Navarro. El ecologista agregó que, si el Juzgado Ambiental está interesado en el tema medio ambiente, debería detener los procesos de deforestación que con toda impunidad ocurren en todo el territorio salvadoreño, y mencionó el de Valle El Ángel, entre otros.
