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@JoakinSalazar
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura del alcalde de Usulután, el ex arenero Miguel Ángel Jaime, ahora del partido de GANA, acusado del delito de organizaciones terroristas en su calidad de financista.
De igual manera, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió con la captura del administrador de mercados, José Ricardo Cortez Campos, vinculado al delito que el edil cometió. “El alcalde realizaba colaboración con pandillas, en el área financiera”, explicó German Arriaza, jefe de la Zona oriental de la FGR. De manera preliminar, la Fiscalía informó que el edil pagaba dos mil dólares a un grupo delictivo de la zona. Asimismo, los grupos delictivos tenían ciertos privilegios con el alcalde, como la adjudicación de plazas y puestos en el mercado municipal.
Como parte del trabajo de investigación la Fiscalía procedió, desde el martes, al allanamiento de las instalaciones de la comuna usuluteca. La finalidad del hecho era verificar la entrega de fondos de la comuna a pandillas. “El allanamiento es con la finalidad e incautar toda la información que esté relacionada, a la detención del alcalde municipal”, agregó Arriaza.
La captura se suma a las otras que se dieron en los últimos meses entre estas la del alcalde de Apopa, Elías Hernández, vinculado a las pandillas en el municipio. Otra detención similar es la del alcalde de Pasaquina, Juan Carlos Ramírez, miembro activo de ARENA, lideraba a un grupo dedicado al contrabando de mercadería y a la narcoactividad en el municipio, con nexos en Guatemala.
Otras detenciones son las de: Armando Vásquez, alcalde por ARENA de San Antonio Masahuat; Hugo Sánchez, edil de Monte San Juan y Rodolfo Hernández Quijada, de El Congo, todos por malversación de fondos.
Grupos de Exterminio
En otros hechos, la Fiscalía giró la orden de captura contra 15 miembros de la Fuerza Armada de El Salvador y cuatro de la Policía Nacional Civil, por supuestas vinculaciones con grupos de exterminio.
De acuerdo a la Fiscalía, los elementos de seguridad capturados serán acusados por el delito de homicidio y asaltos bancarios.
Por este caso, la Unidad Contra el Crimen Organizado de la FGR, giró orden de captura contra 34 civiles vinculados a los mismos delitos, que los militares y agentes policiales. Todos vinculados con grupos de exterminio.
