Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Ciudad de Guatemala/AFP
Autoridades guatemaltecas arrestaron este miércoles a nueve empresarios – incluyendo tres chinos, doctor un coreano, buy viagra y un árabe- involucrados en una red de sobornos dirigida por altos funcionarios en las aduanas nacionales que desató una crisis gubernamental, informó la fiscalía.
Los detenidos fueron identificados como los guatemaltecos Julio Cotzajay, Mirna Montenegro, Ahmed Blanco y Julio Miranda, los chinos Miao Miao, Hugo Jo Hu y Lin Yu Chen, así como Antoun Batach de origen árabe y el coreano Young Min You, informó la Policía Nacional Civil.
Los arrestados «son empresarios importadores que utilizaban» la red de corrupción descubierta en abril pasado, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (fiscalía), al anunciar allanamientos en los departamentos de Guatemala (centro) e Izabal (noreste).
«En el caso de los importadores detenidos, la actividad fue materializada mediante la facilitación del ingreso de contenedores con mercancías de forma anómala al territorio nacional, mediante el ajuste de las declaraciones aduaneras de importación y el pago de sobornos», apuntó la fiscalía en un comunicado.
El 16 de abril pasado, la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que colabora en la depuración del sistema judicial, revelaron la operación de la estructura de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos.
Ese día fueron capturados Omar Franco, jefe de la SAT y su antecesor Carlos Muñoz, junto a una veintena de personas, incluidos otros altos funcionarios de la entidad. Con los arrestos de este miércoles, suman 37 personas detenidas por el caso.
La red cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos aduaneros.
La investigación identificó como el cerebro de la operación al ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el 8 de mayo.
El caso provocó la indignación de miles de guatemaltecos que todos los sábados realizan protestas masivas en el centro capitalino para demandar la renuncia del presidente Otto Pérez.
Justicia acierta doble golpe a presidente guatemalteco por corrupción
El máximo tribunal de justicia de Guatemala acertó en menos de dos días un doble golpe al presidente, Otto Pérez, al rechazar las impugnaciones contra un proceso en su contra por supuestos actos de corrupción que mantienen al país en una crisis institucional.
La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad legal del país, rechazó el martes la solicitud presentada por Pérez, que buscaba detener un proceso en su contra por su presunta vinculación a fraudes millonarios en las aduanas y seguro social.
El miércoles, el mismo tribunal revocó un amparo provisional que había dictado previamente para estudiar si detenía o no la causa contra el presidente.
Este amparo provisional se había dictado tras un recurso presentado por la abogada Karen Fischer, una exfiscal que asegura haber actuado a título personal al considerar que se violó el debido proceso cuando la justicia abrió el proceso por corrupción contra el mandatario.
El rechazo a sendos recursos se produjo en medio de allanamientos realizados por la fiscalía que dieron con la captura de nueve empresarios señalados de participar en una red de corrupción en las aduanas destapada el 16 de abril pasado.
«Patadas de ahogado»
Para Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), el intento de Pérez de frenar el proceso en su contra supone una maniobra desesperada para mantenerse en el cargo frente a las manifestaciones callejeras que exigen su renuncia, surgidas desde que estallaron los casos de corrupción.
«Como popularmente se refiere, el presidente está dando patadas de ahogado frente a lo que tuvo que haber ocurrido, que es la separación del cargo o la renuncia», opinó Santos.
La denuncia que mantiene en vilo al presidente fue presentada por el diputado opositor indígena Amílcar Pop, quien consideró que Pérez está involucrado en los escándalos de corrupción en las aduanas y el seguro social, que ya provocaron la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti el pasado 8 de mayo.
Por el caso del seguro social -un contrato ilícito en la compra de medicinas- fue arrestado Juan de Dios Rodríguez, presidente de esa entidad y hombre de confianza de Pérez.
Pop argumenta que Pérez incurrió en los delitos de encubrimiento propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, toda vez que él nombró a las máximas autoridades de las entidades involucradas en los escándalos de corrupción destapados por la fiscalía y una misión de la ONU contra la impunidad.
