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Alma Vilches
Gabriela Sandoval
@DiarioCoLatino
Diferentes organizaciones sociales condenaron las capturas arbitrarisa e ilegales del dirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, conocido como Pepé, de Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, y de otros líderes de excombatientes y veteranos de guerra, ocurridas la noche del 30 y la madrugada de este 31 de mayo.
José Santos Melara, “Pepe”, mayo con engaños fue sacado de su vivienda por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la noche del 30 de mayo, acusado de planificar atentados con explosivos en varios puntos del país.
José Santos Melara, es líder de una organización que constantemente ha denunciado la corrupción de la administración pública, la pérdida de derechos humanos y el debilitamiento democrático en El Salvador en los últimos 5 años; fue diputado por el FMLN y desde hace años ha formado parte del liderazgo nacional que atiende la situación de veteranos y veteranas de guerra desde su rol en el Instituto Nacional de Beneficios para Veteranos de Guerra (INABVE).
Para las organizaciones sociales y de derechos humanos la detención de José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, podría constituir actos de amedrentamiento, persecución y criminalización del derecho de asociación, así como generar miedo entre quienes no están de acuerdo con el actuar del gobierno.
Atilio Montalvo, conocido como Salvador Guerra, fue capturado la madrugada del viernes. Salvador Guerra, en su calidad de comandante, estuvo en la mesa del Cese al Fuego de los Acuerdo de Paz. Tras la firma de la paz fue fundador del FMLN como partido político.
Al finalizar la guerra se convirtió “en un constructor de la paza y la democracia en El Salvador”.
Guerra es un economista, y además de su trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, se dedicó a la investigación de la opinió pública.
Montalvo o Guerra, fue operado hace un par de semanas del corazón, y hace cuatro meses también sufrió un pequeño derrame. La tarde de este viernes fue llevado de la policía al ISSS para una hemodiálisis.
El Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) también condenó las capturas.
“Estamos denunciando estos nuevos presos políticos del gobierno de Bukele, lamentamos la situación en la que estamos en el país (…) ante la captura de los compañeros están en un secuestro de parte del Estado, se han revelado audios que no se pueden considerar pruebas dentro de un proceso penal”, dijo Ivania Cruz, de COFAPPES.
COFAPPES denunció que estas acciones solo demuestran el odio y la violencia que desde el régimen gobernante se ejerce sobre personas opositoras, e integrantes de organizaciones sociales y populares, creando falsos testimonios para incriminar a personas inocentes.
Asimismo, reiteró que en el país existen problemas serios, como el alto costo de la vida, abandono del agro y la débil institucionalidad, los cuales no son resueltos por este gobierno, en su lugar, crea cortinas de humo para destacar noticias falsas.
Exigió el respeto a la vida e integridad personal de los capturados, ya que cualquier hecho atentatorio a estas personas, es responsabilidad directa del gobierno; por ello, es necesario llevar un proceso apegado a derecho, donde se pueda argumentar con pruebas verdaderas y en cumplimiento de la ley.
“Condenamos las violaciones a los derechos de asamblea y expresión, así como la represión que impulsa el actual gobierno, cuyo fin es silenciar las protestas programadas para el próximo 1 de junio, fecha en que asume el poder ilegal e inconstitucional Nayib Bukele”, manifestó Nación Salvadoreña en el Exterior.
La organización Socorro Jurídico Humanitario, Alianza Nacional El Salvador en Paz, Asociación de Veteranos de Guerra de El Salvador, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP), Fuerza de la Organización Popular, Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), denunciaron las detenciones arbitrarias de líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
En cuanto al paradero de los veteranos, Marisela Ramírez, del BRP, dijo que no se sabe en dónde se encuentran, además al momento de la detención no se les brindó ninguna justificación válida.
“De todas las personas que fueron capturadas no tenemos información de su paradero, por lo tanto, caen en una categoría de desaparecidos, una desaparición forzada porque es el Estado el responsable de llevarse a las personas sin informar debidamente y sin respetar el debido proceso”, mencionó.
Finalmente, las organizaciones acusaron al gobierno de Bukele de intentar desarticular el movimiento social y rechazan la reelección inmediata, lo cual lo calificaron de “inconstitucional y dictatorial”. Asimismo, exigieron la liberación inmediata de los detenidos.
Según la PNC, la investigación identificó a José Santos Melara Yánez, ex diputado del FMLN, como el financista, planificar atentados con explosivos, en varios puntos del país para el este 1 de junio.
La policía señaló que los veteranos estaban agrupados en la llamada “Brigada de Insurrección Salvadoreña” y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas.
