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Redacción Diario Co Latino
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Las detenciones de cuatro jóvenes que trabajan en una pizería, ubicada en Sensuntepeque, Cabañas, se sumaron este domingo a las denuncias hechas por Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, con lo que evidencian las violaciones que se cometen en el país con el Estado de Excepción.
Para estas organizaciones hay claras violaciones cometidas por las autoridades a la hora de capturar a presuntos “delincuentes asociados a pandillas”.
Como es el caso de los trabajadores de la pizza que luego de presentar sus documentos fueron capturados en su lugar de trabajo, como denunció la dueña del negocio.
Los nombres de los capturados son: Luis Ángel Díaz Morales, Luis Enrique Morales, Marvin de Jesús González y Eduardo Enrique Meza Castro, este último es el encargado de la pizzería.
Tanto para Cristosal como para HRW estos abusos vulneran los derechos humanos.
Según el informe todos los días, desde que inició el Régimen de Excepción, a finales de marzo, se han cometido violaciones y hasta muertes dentro de las cárceles a donde han sido llevados los capturados.
Las evidencias sobre todas las violaciones se han hecho a través de 43 entrevistas que incluyen a las víctimas, los familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, fotografías, documentos judiciales y registros médicos, entre otros.
En este informe hay por lo menos dos personas que fallecieron en manos de las autoridades y también se ha logrado identificar que no se han llevado a cabo los debidos procesos.
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW, señaló que no se protege a los salvadoreños de la violencia, ya que las fuerzas de seguridad han abusado del poder que les han dado a través del Estado de Excepción.
Hay casos en los que se les ha tomado fotografías, 12 de 40, y se han expuesto a la opinión pública sin tener pruebas suficientes de que pertenecen a pandillas.
Y una de las violaciones más grande es que los familiares de los capturados no tienen información del estado en que se encuentran o dónde están detenidos. Agudizado esto al nivel de hacinamiento que hay en bartolinas y cárceles.
Y también es grave la situación de que se ha permitido que civiles señalen a supuestos vinculados con pandillas como ocurrió con los trabajadores de la pizza que fue a través una denuncia ciudadana que los acusaron.
