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El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele en un informe en el que se señala a políticos salvadoreños que favorecen la corrupción o que tienen nexos con el narcotráfico.
El documento elaborado por el Departamento de Estado menciona a Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, a Rogelio Rivas, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, y al diputado de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos.
En el caso de Recinos, la misiva menciona que está “involucrada en significantes actos de corrupción durante su gestión en el cargo”. La comisionada es una de las funcionarias de mayor peso en el actual Gobierno de El Salvador, miembro del pequeño círculo de confianza del presidente Nayib Bukele desde que éste comenzó su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán.
El nombre de la comisionada aparece, junto al de otras cuatro personas, en un reporte de funcionarios o ex funcionarios salvadoreños corruptos o sospechosos de corrupción que el Departamento de Estado envió al congreso estadounidense.
En la lista aparecen también, los ex dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) José Luis Merino, conocido como Ramiro, y Sigfrido Reyes.
El documento involucra al exministro Rogelio Rivas en “actos de corrupción por premiar a su propia empresa privada de construcción con varios contratos no sometidos a competencia e inadvertidos, para la construcción de estaciones de policía y otros edificios que caían bajo sus atribuciones oficiales, e inflar los costos de los materiales”.
En cuanto a Merino y Gallegos, el documento plantea que han estado involucrados “en significativos actos de corrupción” a lo largo de su tiempo en cargos públicos.
Merino apareció anteriormente en listas estadounidenses de funcionarios bajo investigación por corrupción. La Fiscalía salvadoreña allanó sus oficinas el 1 de junio de 2019 por sospechas de lavado de dinero.
En el caso de Gallegos, jefe de fracción de GANA, y uno de los vicepresidentes de la actual Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, ha estado vinculado a casos de corrupción como la contratación de familiares en la institución, entrega de fondos públicos a una ONG dirigida por su esposa, o el cobro de viáticos por viajes no realizados.
El listado no menciona acciones a tomar en contra de los citados o qué tipo de consecuencias puede haber contra estos por las sospechas que Estados Unidos tiene sobre sus vinculaciones a casos de corrupción o de narcotráfico en el país.
Con fecha 17 de mayo, el reporte fue enviado con una carta adjunta firmada por Naz Durakoglu, asistente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en el comité de asuntos legislativos.
Según la misiva, la lista forma parte de un informe entregado al congreso el pasado 21 de abril, por lo que es posible que el mismo tenga a más salvadoreños involucrados o sospechosos.
Este reporte forma parte de un informe sobre corrupción en el Triángulo Norte solicitado al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro por la congresista Norma Torres, quien fue atacada a través de las redes sociales por el presidente Bukele.
A la hora de cierre de esta nota, el presidente Bukele no se había pronunciado.
