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Por Leonel Herrera*
Estimados ex-guerrilleros y ex-guerrilleras:
Muchos y muchas de ustedes son héroes. Arriesgaron sus vidas en una guerra desigual contra el autoritarismo, la represión y las injusticias, impulsados por magnos ideales de democracia, justicia social, derechos humanos y vida digna.
Sin su esfuerzo el país no habría puesto fin a cincuenta años de militarismo atroz ni logrado los Acuerdos de Paz que abrieron camino a la democratización, la refundación del Estado y la esperanza de construir una sociedad justa, incluyente, pacífica y solidaria.
Ése es el mérito y el valor histórico de la lucha patriótica que ustedes valientemente libraron. Sin embargo, el régimen autocrático que impera actualmente en nuestro país no los ve como héroes, sino como delincuentes.
Éste es uno de los significados de la acusación penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES procesados sin pruebas por un supuesto asesinato cometido en 1989, en el tramo final de la guerra civil.
La defensa legal y las organizaciones sociales señalan que, en su requerimiento contra los defensores ambientales, la Fiscalía General de la República tipifica como “asociación ilícita” al hecho de haber pertenecido a las organizaciones guerrilleras.
Según dicha denuncia, la Fiscalía -controlada por el oficialismo- sostiene que la Resistencia Nacional y demás organizaciones que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) “fueron creadas para delinquir”: robar, secuestrar y enfrentar al ejército gubernamental.
Para la Fiscalía, la insurgencia armada no surgió por la represión estatal y el cierre de los espacios políticos, no tenía objetivos legítimos, ni impulsaba un proyecto democrático; sino que actuó delictivamente, como las pandillas o los carteles de narcotráfico. Por tanto, sus miembros no fueron luchadores sociales, sino delincuentes.
¿Por qué la Fiscalía viene ahora a descalificar y criminalizar la participación de ustedes en organizaciones actualmente inexistentes y que fueron legitimadas en su momento por la Declaración Franco-Mexicana, reconocidas por la Comunidad Internacional y validadas por los Acuerdos de Paz?
En mi opinión y de varios que han analizado el caso, se trata de una reelaboración política y jurídica de la historia, al estilo del “Ministerio de la Verdad”, el ente encargado de reescribir los hechos históricos en la sociedad vigilada y controlada que el escritor británico George Orwell describió en su novela “1984”.
Este reescribir la historia apunta hacia dos objetivos perversos Uno es completar el relato negacionista sobre que “la guerra no existió”, “los Acuerdos de Paz son una farsa” y -hoy se agrega- “los ex-combatientes (que pelearon la guerra y propiciaron los Acuerdos) son delincuentes que deben ser castigados”.
Y el otro es criminalizar el pasado guerrillero para cuando el régimen necesite perseguirlos, como a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES por oponerse a la reactivación de la minería metálica, la contaminante industria extractiva que podría acabar con el agua, los ecosistemas y la vida en el país.
Ésa es la implicación más grave de la acusación penal contra los defensores ambientales de Cabañas, más allá del negacionismo y la reescritura de la historia: las organizaciones insurgentes fueron grupos criminales y los ex-combatientes son delincuentes perseguibles penalmente.
Significa que si los ambientalistas de Santa Marta son condenados por “asociación ilícita” debido a su participación en una organización insurgente, se sentará un precedente jurídico que convertirá en criminales a todos los ex-guerrilleros y ex-guerrilleras, quienes -además- perderían los beneficios que actualmente tienen.
Dos tribunales ya validaron la absurda tipificación delictiva de la Fiscalía: el Juzgado de Paz de Victoria y el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque. Y si, finalmente, un tribunal de Sentencia condena los líderes de Santa Marta, todos los y las ex-combatientes también podrían ser procesados en cualquier momento.
La ley de Reconciliación Nacional
Por eso ustedes también deberían exigir la libertad de los ambientalistas de Cabañas y pedir que el caso se cierre de inmediato, como lo plantea la petición de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal presentada recientemente. Dicha petición se basa en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Esta ley fue clave para implementar los Acuerdos de Paz, pues permitió el desarme de las organizaciones guerrilleras y otorgó garantías legales para que sus miembros/as pudieran incorporarse a la vida civil, entre éstas la exención de responsabilidad penal por delitos comunes.
La Ley de Reconciliación Nacional recobró plena vigencia con la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en julio de 2016. Por tanto, la acusación y el proceso judicial contra los líderes de Santa Marta son improcedentes y constituyen una flagrante violación a esta ley y a los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, siguiendo el guion de la Fiscalía, rechazó la petición. Extrañamente, la jueza María Elizabeth Amaya Rivera ya había dado trámite a la solicitud, pero se retractó y la desestimó después de recibir la objeción de la Fiscalía.
La semana pasada abogados defensores interpusieron un recurso de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque, instancia en la que ahora se juega el futuro de los ambientalistas de Santa Marta y ADES y -desde luego- el destino de todos los y las ex-combatientes de la ex-guerrillera salvadoreña.
Para terminar, la defensa legal y las organizaciones sociales advierten que, en la acusación contra los defensores ambientales de Cabañas, la Fiscalía también señala que “estas agrupaciones (guerrilleras) continúan organizadas hoy para defender sus intereses”.
¿Acaso se refiere a las asociaciones de ex-combatientes, cooperativas de veteranos, comunidades repobladas y ONGs que tienen entre sus miembros o beneficiarios a ex-guerrilleros y ex-guerrilleras?
Si eso fuera así, la Fiscalía de los hermanos Bukele, además de criminalizar a los ex guerrilleros y ex guerrilleras, también estaría buscando ilegalizar sus organizaciones actuales.
*Periodista y activista social.
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