Gloria Silvia Orellana
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Denis Muñoz, abogado defensor de los líderes comunitarios y de ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta, presentó un recurso de apelación ante la denegatoria de la excepción perentoria de extinción de la acción penal y cerrar definitivamente el caso.
“Este escrito lo hemos presentado en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, tomando en cuenta que este era el último día para apelar. Este recurso de apelación lo va a conocer la Cámara Penal de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán”, informó el abogado.
“Evidentemente, los motivos trascendentales más importantes para desarrollar este recurso es que nunca se nos ha resuelto lo que hemos solicitado. Y esto vulnera principios y derechos de mis representados en el sentido que se ha minado el principio de congruencia procesal”, acotó Muñoz.
Las organizaciones sociales, junto a la Comunidad Santa Marta- ADES, han denunciado que la jueza María Elizabeth Amaya Rivera, del Juzgado de Primera Instancia, de Sensuntepeque, ya había dado paso al trámite de la defensa para la extinción del proceso, pero luego de recibir la objeción de la Fiscalía General de la República, decidió rechazar la petición.
El abogado de la defensa explicó que la resolución a la petición sobre la excepción perentoria de extinción de acción penal y amnistía por la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional, se realizó desde un tema distinto al que ellos plantearon.
“Es importante conocer el criterio de la Cámara y como parte inconforme venimos a presentar este recurso. Tenemos la expectativa de que se resuelva en unas 3 o 4 semanas, por la Cámara Penal de Cojutepeque, y esperamos, de resolverse, que sea de una vez por todas por justicia y legalidad en este caso en particular”, manifestó.
El abogado defensor agregó que aunque la respuesta de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque podría llevar hasta un lapso de un mes, no descartó que seguirán presentando otras peticiones en busca del mismo fin de cerrar el proceso penal. “Este caso de manipulación (de la justicia) en contra de las personas acusadas injustamente, y en consecuencia, aunque estén en sus casas siempre existe una privación de libertad porque estamos en una medida cautelar a la detención por arresto domiciliario”, alegó.
“Esto significa que el proceso continúa y si lo hacen puede haber una pena muy larga de prisión, y también de ser manipulada la justicia y encontrarlos culpables, por lo tanto, es importante que presentemos todas las válvulas legales para dar por terminado este proceso”, reiteró Muñoz.
Alfredo Leiva, en representación de la Comunidad Santa Marta-ADES, manifestó que seguirán apoyando todos las acciones legales que levanten en su totalidad las acusaciones fiscales en contra de sus compañeros, que luchan contra la explotación minera metálica en San Isidro, Cabañas.
“Nosotros estamos una vez más aquí, y no vamos a bajar la guardia para que este caso se cierre definitivamente. Porque sabemos que a pesar de que nuestros compañeros están en sus casas, cuidados por sus familias, siempre existe el proceso penal contra ellos, y mientras no se elimine esa acusación, vamos a seguir demandando su libertad”, expresó. “Estas son las razones por las que estamos aquí, y acompañamos a su defensor particular para hacerle ver a la jueza y, a este Sistema Judicial, que no estamos de acuerdo y rechazamos este acto de criminalización contra nuestros compañeros defensores y ambientalistas”, puntualizó Leiva.