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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
“La justicia, site como dijo el beato (Óscar Arnulfo) Romero, buy sigue siendo como la serpiente que solo muerde al descalzo”, resumió el expresidente de la República, Mauricio Funes, el caso CEL/Enel, en el cual los ocho imputados quedaron libres de cargos, porque les cambiaron la tipificación del delito y éste prescribió y no porque se hayan comprobado su inocencia.
“El sobreseimiento (a los imputados) que ordenó el juzgado Cuarto de Sentencia pone ahora un velo de impunidad sobre un proceso (de venta de LaGeo) ilegal e inconstitucional”, denunció el exmandatario.
Con esto queda demostrado que la derecha oligárquica sigue “vivita y coleando”, subrayó el exmandatario, quien considera que mientras “hay dinero hay poder” aún cuando no se esté en el Gobierno.
Funes señaló que en este caso no cabe la frase “se hizo justicia” que ha utilizado la derecha, ya que no se demostró en ningún momento que los involucrados no fueran culpables de haber violado la Constitución de la República al vender un bien del Estado sin contar con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
El exmandatario afirmó que los acusados aceptan implícitamente su culpabilidad cuando sus abogados solicitan el cambio de la tipificación del delito, para obtener el sobreseimiento. “Cuando se pide, y aquí está la lógica perversa de esto”, dijo el expresidente, “… la recalificación del delito: es decir, ya no los persigamos por peculado doloso (intencional), persigámolos por peculado culposo (sin intención), y los abogados aceptaron, implícitamente se les condenó”.
Para Funes, las acciones de LaGeo, generadora de energía geotérmica, se comercializaron en detrimento de un bien del pueblo ya que la manera como se hizo el contrato de CEL/Enel llevaría a que en un momento determinado, el Estado perdiera el control de esa entidad y, por tanto, sería una empresa privada la que hubiera decidido el precio de la electricidad generada por vapor obtenido del subsuelo salvadoreño.
“Se ha afectado patrimonio de CEL, del Estado y del pueblo en general”, recalcó Funes en su programa “Sin Censura” transmitido ayer en radio La Chévere. El exgobernante denunció que se ha utilizado un “artificio legal para dejar en la impunidad uno de los más escandaloso caso de corrupción planeado y ejecutado desde las esferas del poder”.
El periodista y exjefe de Estado recordó que antes de abrir el expediente judicial contra los acusados, tres instancias serias se encargaron de indagar si procedía la apertura del proceso: Primero, el equipo jurídico de la CEL; segundo, un grupo de reconocidos abogados que contrató la Fiscalía General de la República (FGR), y, además, una comisión de la Asamblea Legislativa. Todos los consultados señalaron que había méritos para abrir el caso con base a un análisis técnico y por ello, Funes rechazó los señalamientos de sectores de derecha de que se trató de persecución política y recalcó que en ningún momento es un caso fabricado a base de mentiras.
En este momento no se puede decir que hay difamación porque los involucrados han sido sobreseidos (parar un proceso judicial) porque prescribió el delito y no porque no se les haya comprobado el delito de peculado, explicitado.
“El despojo está claro, había sido consumado y solamente aparentemente legalizado (con una Ley de Energía que fue creada en la gestión del expresidente Armando Calderón Sol)”, denunció el exmandatario, quien añadió que el negocio de la entrega de ese bien del Estado a un grupo de extranjeros “se venía fraguando desde tiempos de Calderón Sol”.
En tal sentido, añadió, por ninguna parte ha existido persecución política, sino el destape de un hecho de corrupción de los gobiernos de ARENA. Por lo tanto, el expresidente cree que ha sido a él a quien se le ha venido persiguiendo desde tiempo del expresidente Francisco Flores por denunciar la corrupción.
“La persecución política no solo la realiza el Estado sino aquel que detenta el poder, y ARENA tiene suficiente poder y ya no digamos la derecha oligárquica que lo financia tiene poder para perseguir, y puede perseguir no solo políticamente sino mediáticamente, y si lo desea judicialmente; no sería raro que los implicados o alguno de ellos, ahora que ya fueron sobreseidos, promuevan una acusación penal en mi contra”, advirtió.
Funes también expresó su temor de que este “subterfugio legal” utilizado para eximir de responsabilidades penales a los acusados en el caso CEL/Enel vaya a ser utilizado también en el proceso que se le sigue al expresidente de la República Francisco Flores.
“Y no es casualidad que el mismo abogado que comenta uno y otro caso, el doctor Francisco Bertrand Galindo, quien dicho sea de paso fue ministro de Gobernación en tiempo del expresidente Flores y fue también abogado a sueldo de Enel… es lógico que también defienda a quien fue su exjefe”, advirtió Funes.
“El sobreseimiento, que ordenó el juzgado cuarto de sentencia, pone ahora un velo de impunidad sobre un proceso ilegal e Inconstitucional”, reiteró.
Recalca necesidad de impuesto para seguridad
Por otro lado, el exmandatario se refirió a la reorientación de $28 millones solicitada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para pagar un bono a los agentes de la Policía Nacional Civil y reforzar a la Fuerza Armada, lo cual resuelve de “forma parcial” el problema, pero señaló que no será a través de créditos que se resolverá el problema de la seguridad pública en el país.
Funes dijo que se requiere de una medida de fondo para financiar el combate a la violencia y crimen organizado, y eso se logra solamente a través de la creación de un impuesto o de una contribución especial que debe ser aportada por la gran empresa, como ocurrió en Colombia, señaló.
“Estoy convencido que es necesario un impuesto o una contribución especial.. el Gobierno debería de preparar una propuesta de este tipo y negociarla con los empresarios”, dijo el exjefe de Estado.
El expresidente también respaldó la creación de una ley para combatir los delitos cibernéticos. “Yo celebro que se tipifique el delito cibernético, lo que estamos necesitando es una ley que persiga ese delito”, añadió.
Esta ley debe procesar a hackers que infiltran bases de datos con acceso restringido, la pornografía y los “trolles” de izquierda y de derecha que se dedican a calumniar, difamar y ofender a las personas, desde el anonimato, afirmó.
