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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Vamos a recurrir a todas las instancias judiciales para revertir este fallo condenatorio contra Lissania (Zelaya), si no lo logramos en El Salvador, iremos a instancias internacionales; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recién estuvo en el país ha conocido del caso, eso es un adelanto en nuestra denuncia”, confirmó Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos se pronunciaron públicamente para dar el respaldo y apoyo a Lissania Zelaya, integrante de la Colectiva las Amorales, luego de que la jueza Gladis Margarita Salgado falló a favor del profesor Ricardo Mendoza, por los supuestos delitos de calumnia, y daños al honor.
“Hemos respaldado a la Colectiva las Amorales Teatro y quiero decirles que este fallo judicial no es aislado, se suma a otros hechos como el de la Cámara Primero de lo Penal, sobre la conducta del magistrado (Eduardo Jaime) Escalante, ese tribunal falló en contra de una niña de 10 años, diciendo que era una falta y no un delito. Eso pone en evidencia que la justicia en El Salvador tienen un sesgo machista y patriarcal”, reafirmó Herrera.
Keyla Cáceres, de Amorales Teatro lamentó que la jueza Salgado juzgara con base en la herramienta de la “sana crítica”, los testimonios de tres víctimas anteriores a Lissania Zelaya, sin tener mayor sensibilidad sobre la perspectiva de género y las leyes que protegen los derechos de las mujeres, a no ser sometidas a la discriminación, acoso, amenazas o violencia en sus vidas.
“En dicha audiencia quedó comprobado el abuso sexual que Mendoza ejerció contra estudiantes universitarias, mientras las mismas participaban en el Diplomado Superior en Teatro, pues los testimonios ofrecidos por estas tres mujeres sobrevivientes de estos hechos, relataron el acoso y abuso sexual que viene desde el 2005, en la segunda edición de dicho diplomado. Esto contraviene el marco normativo de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que establece el derecho de prioridad a las víctimas sobre los victimarios, al desvirtuar los testimonios de las víctimas, y afirmó que Lissania Zelaya, actúo con dolo y no como defensora de derechos humanos, que sabemos es una perspectiva sesgada y estereotipada de la labor de las personas defensoras de derechos humanos”, sostuvo.
Lessania Zelaya cuestionó también los criterios de la jueza Gladis Margarita Salgado, que sin ningún enfoque de género se encuentra aplicando su “sana crítica” (apreciación de la prueba), y están dejando fuera la realidad de acoso y violencia que viven muchas mujeres en diversos ámbitos.
“El sistema judicial no está tomando en cuenta las estadísticas (de violencia) que viven mujeres, niñas y adolescentes, no toman en cuenta aspectos psicológicos que causa en una mujer el abuso sexual o un acoso sexual, en una sociedad como la nuestra, y específicamente en la Universidad de El Salvador, en donde se vive una cultura del silencio, es bien preocupante y solo podemos preguntarnos: ¿con qué criterios se están resolviendo o juzgando nuestros jueces? Aunque aludan a una objetividad, lo que sucede es que no hay una consideración de nuestra palabra como mujeres, y que la palabra de las víctimas no sea tomada en cuenta, dice mucho del sistema judicial”, expresó Zelaya.
Foto Diario Co Latino/Silvia Quinteros.
En este sentido, las organizaciones feministas y de derechos humanos cerraron filas en apoyo de la Colectiva Amorales y Lissania Zelaya, demandando a la Universidad de El Salvador y su rector Roger Arias a verificar el funcionamiento de instancias señaladas como asesoras de Ricardo Mendoza, en la interposición de la denuncia contra la Colectiva Amorales y la fuga de información de parte de las mismas, en casos relacionados contra las mujeres.
Asimismo, demandaron al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a garantizar el ejercicio de la docencia con enfoque de género y derechos humanos, a fin de no permitir que docentes como Ricardo Mendoza o José Boanerges Osorto, acusados de agresiones sexuales, acoso sexual y violencia contra las mujeres, vuelvan a ejercer la docencia.
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