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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Xenia Marroquín de ASPRODES informó que presentarán el caso de los defensores del agua de las comunidades de Tacuba, Ahuachapán, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la búsqueda de garantizar la dignidad de los líderes comunitarios e investigar a los fiscales auxiliares, Miguel Santiago Gross Salazar y Marianella Beatriz Aguillón de Marroquín, por su intransigencia e incumplimiento del acuerdo conciliatorio que deja libres a los acusados.
David Elías Díaz, Marco Antonio Jiménez, Celedonio Martínez, Tomás Humberto Zúniga, Wilfredo Aguilar, Luis Álvarez Cabezas y Héctor Antonio Sánchez se tomaron muy en serio la sustentabilidad del agua en el consumo y riego de sus cultivos de sobrevivencia en siete comunidades, que representaban en ese momento 940 familias, por lo que decidieron gestionar con agencias internacionales un sistema de agua que construyeron e instalaron con sus propias manos durante 96 días, la llamaron “La Bendición de Dios” (ADESCOBD), corría el año de 1993.
Luego de trece años de forcejeo legal, entre el exalcalde arenero, Joel Ramírez quien buscó expropiar a las comunidades del sistema de agua, estos defensores han sido acusados de “hurto agravado, usurpaciones de inmuebles y hurto de energía o fluidos”; no obstante, las primeras dos han sido desestimadas por la Corte Suprema de Justicia, sentencias que no fueron acatadas por el exedil y la emisión de un “acuerdo conciliatorio”, del actual alcalde Luis Carlos Milla, del PCN que los fiscales auxiliares continúan con la acusación.
“Queremos que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) también se pronuncie y de seguimiento al caso, ahora hemos venido ante el fiscal general, Raúl Ernesto Melara a que interponga sus buenos oficios para dar un seguimiento al proceso, porque debe ser apegado a derecho y no se puede violentar a estos defensores del agua”, afirmó Xenia Marroquín.
Carlos Flores de ECCOS y que integra el Foro del Agua señaló que la carta al fiscal Melara Morán es una reiteración de la postura que comparten todas las organizaciones que integran el Foro del Agua, para que investigue el comportamiento ético de los fiscales auxiliares en Tacuba. “Le explicamos en la carta que los fiscales, Miguel Santiago Gross Salazar y Marianella Beatriz Aguillón de Marroquín, no están asumiendo el rol que le mandatan las leyes del Código Penal y la Constitución de la República. Por esto, los defensores del agua que son estos líderes comunitarios están siendo demandados por un supuesto robo de fluidos, cuando el Concejo Municipal de Tacuba ya retiró la denuncia y desistió de la persecución final en busca de una resolución pacífica, pero la fiscalía no quiere asumir este acuerdo conciliatorio, sigue acusándolos y está orientando toda su fuerza hacia personas humildes y muchos de ellos adultos mayores que solo buscan una satisfacción humana, como el abastecimiento de agua de las siete comunidades”, explicó Flores.
Asimismo, reiteró que la postura del Foro del Agua será una fiscalización y denuncia permanente del accionar de estos funcionarios, que se cumplan las decisiones de las partes ya descritas y dejar sin efecto cualquier acción legal en contra de las siete comunidades de Tacuba, que solo buscan garantizar su derecho humano al agua.
“Reiteramos que nuestras acciones están encaminadas a consolidar en el país un Estado Democrático de Derecho y compartimos que la Fiscalía General de la República cumpla el mandato constitucional de garantizar esa legalidad, con justicia imparcial”, puntualizó.
