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@GloriaCoLatino
Ovidio Mauricio González, buy viagra Director de Tutela Legal “María Julia Hernández” y querellante en el caso de la Masacre de El Mozote, search demandó de la Fiscalía General de la República agilizar la judicialización del proceso, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado salvadoreño a investigarlo y deducir responsabilidades.
La Masacre de El Mozote ocurrió en el municipio de Meanguera, Morazán, hace 33 años, durante un operativo militar denominado “Tierra Arrasada” que se efectuó entre el 9 al 13 de diciembre de 1981. Este crimen de lesa humanidad fue investigado por la Comisión de la Verdad, que dio validez al testimonio a Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre. Mauricio González afirmó que la preocupación de Tutela Legal “María Julia Hernández” es por la falta de cumplimiento a la Sentencia emitida
por Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el año 2012.
“Muchas de las víctimas son adultos mayores y algunas han muerto, y tenemos un plazo de cinco años para el cumplimiento del veredicto que debe cumplir en totalidad el Estado salvadoreño pero ya pasaron 2 años y no tenemos avances
significativos”, dijo.
El Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 10 de diciembre de 2012, por los delitos de cometimiento de la masacre, ocultación de los hechos y denegación de justicia para las víctimas y familiares.
El director de Tutela consideró que la impunidad ronda en el Caso de El Mozote, ya que la petición para reaperturar el caso aún no reciben una respuesta de las autoridades judiciales, que solo han informado que se encuentran estudiando la solicitud para responderles.
“La Fiscalía General de la República parece que quiere abrir un caso nuevo para El Mozote, pero con el antiguo Código (Penal) no se puede y como querellantes preferimos que se haga con el expediente abierto en 1992, que tuvo la anuencia de ONUSAL, porque existen suficientes elementos de prueba de este caso”, indicó. Sobre las exhumaciones, Ovidio Mauricio recomendó que se hagan con expertos en materia de antropología-forense, para evitar así, una revictimización de los sobrevivientes o familiares de las víctimas. La acotación sobre las credenciales de los forenses, reiteró el director de Tutela María Julia Hernández, se debe a que el Instituto de Medicina Legal (IML) no tiene Antropólogos-Forenses, sino en la rama criminalista, lo que puede debilitar la información que se recolecten.
“Aquí vino el equipo argentino de Antropólogos Forenses, que ya realizaron varias exhumaciones en El Mozote y otras zonas relacionadas; además este grupo ha visto casos a nivel mundial. Actualmente están trabajando en el caso de Iguala, en Ayotzinapa, México, con los 43 estudiantes normalistas, este grupo de antropología-forense es muy profesional”, reiteró.
Wilfredo Medrano, querellante del caso, recordó que aún falta cubrir aspectos como el resarcimiento material y psicológico que manda la resolución de la Corte IDH, y aunque no han vencido los plazos -alegó- que el cumplimiento es lento.
“Tenemos un retraso en el Registro Único de Víctimas que oficialmente lo tiene que hacer la Dirección de Estadísticas y Censo; así como el
curso de formación sobre derechos humanos para la Fuerza Armada; algunas dependencias del Ejecutivo están acatando la resolución, pero debe ser más dinámica”, manifestó.
Asimismo, Medrano expresó su preocupación en el tema de acceso a la justicia, por la salud de los sobrevivientes y familiares, ya que algunos han muerto sin haber recibido ninguna reparación material y moral.
“Nosotros hicimos la petición en junio del presente año, para la reapertura del caso y hasta la fecha el juzgado no ha resuelto si acepta o no; la Fiscalía se encuentra haciendo procesos meramente administrativos, pero sin pretender judicializar la Masacre de El Mozote: Los familiares de las víctimas nos han comentado su inconformidad por algunas acciones que realizan los fiscales en los posibles lugares de exhumación de las víctimas, por sus comentarios sobre los hechos es por eso, que pedimos que lo hagan con los estándares internacionales que manda la sentencia de la Corte IDH”, puntualizó.
