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No se puede negar que desde el periodo presidencial de Mauricio Funes, pills hubo a favor de los Derechos Humanos, find la petición de perdón por la masacre de El Mozote.
Más de un millar de campesinos fueron asesinados entre los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones El Mozote, La Joya y los Toriles, en la población de Meanguera, al norte del departamento de Morazán.
Los responsables de la matanza fueron efectivos del Batallón Atlacatl, comandados por el coronel Domingo Monterrosa Barrios.
El Atlacatl fue el primer batallón de reacción inmediata formado por Estados Unidos en la Escuela de las Américas.
Tanto el Gobierno de turno, como la Fuerza Armada y los medios de comunicación negaron el hecho, y no fue meses después de haber ocurrido la masacre, que la guerrilla logró llevar a periodistas internacionales a la zona, quienes constataron y documentaron el brutal hecho.
Los militares responsables de la masacre, por su rango y responsabilidad en la jerarquía militar, nunca han sido llevados a juicio, en parte, porque la autoridad judicial ha mostrado temor a juzgar a militares, y por el otro, porque, siempre se esgrime la vigencia de la ley de amnistía.
No obstante, si hubiese una decisión por combatir la impunidad y hacer justicia en el país, este caso ya se hubiese judicializado, como lo exigió una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Sin lugar a dudas, judicializar el caso sería la principal acción no solo por la justicia ante un hecho de lesa humanidad, sino, porque ello contribuiría a la verdad, y con ello vendría la reparación moral a las víctimas y a los sobrevivientes.
Claro, hay otras acciones que se deben hacer, además de la parte judicial. Una de esas acciones, que fue un compromiso del ex presidente Mauricio Funes, es un estudio pendiente que se le asignó a la institución castrense para justificar el mantenimiento o eliminación del nombre del coronel Monterrosa a la tercera zona militar y Tercera Brigada de Infantería.
El actual ministro de Defensa David Munguía Payés podría dejar una huella a favor de la justicia y la verdad, si convenciera al alto mando militar de la Fuerza Armada para que se retire el nombre de Monterrosa no solo de la brigada, sino de todo aquello que resalta como si se tratara de un héroe.
Si el ministro Munguía Payés no lo hace, tendrá que ordenarlo el comandante general de la Fuerza Armada, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén. Esto es urgente, no hay que esperar mucho tiempo más, no hay que esperar que venga otra resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
