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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El abogado de la Asociación de Derechos Humanos, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, informó que a más de un año y meses de la reforma a la Carrera Judicial y el nombramiento de nuevos jueces, el caso de El Mozote y lugares aledaños, se encuentra estancado.
“ Con nuevas diligencias de la jueza, significará meses de espera que no son efectivas para llevar a buen término y audiencia el caso de El Mozote, con propuestas que ya se habían descartado o superado -y de alguna forma- las pruebas que se ha incorporado en el caso”, dijo Alejandro Díaz a Diario Co Latino, en entrevista exclusiva.
– ¿Qué obstáculos enfrenta este proceso judicial?
Si bien hay obstáculos por los documentos e información militar, ya se tenía una línea fuerte para ir a audiencia o vista pública, con los elementos incorporados a través de los años. Entonces, proponer o realizar nuevas diligencias por parte del Tribunal está provocando alargar la presentación de esta audiencia y la justicia en el caso.
Y lo digo, porque también existe una situación de proporcionalidad con otros casos, en donde los militares que son señalados no han sido capturados, no tienen medidas restrictivas a la libertad. Como en el caso de Cabañas (Santa Marta) a las personas detenidas por un supuesto hecho también de la guerra, se les ha aplicado con rigor la justicia y han solicitado medidas drásticas, entonces, esa es una desproporcionalidad y eso no se ve claro o transparente y especialmente las víctimas.
– ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía General de la República en ambos casos que comparten el mismo contexto del conflicto armado?
La diferencia, más que todo, porque hubo una actuación fiscal que no fue transparente, en cuanto a decir a que iba a investigar en Cabañas los hechos del conflicto armado cometidos por la Fuerza Armada, que son varias masacres. Y por el contrario lo que hizo fue otra investigación contra la misma comunidad (Santa Marta- ADES).
Como Tutela consideramos que se ha creado una desconfianza, y un desencanto en las aspiraciones de justicia de las víctimas a graves violaciones de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad por el Estado salvadoreño. Y muestra de eso es el caso de El Mozote, que no se avanza a pesar de muchos años de presentación de pruebas técnico, científicas y testimonios. Cuando otros casos se están realizando de forma expedita con captura y posibles penas.
Y los victimarios militares autores de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a pesar de que hay una sentencia de la Corte IDH, no son llevados a la justicia, lamentablemente muchos de ellos van a fallecer. Y también las víctimas, sin haber obtenido la justicia y la verdad. Las víctimas sólo quieren que el Estado se responsabilice de ese hecho como ocurrió, como se cometió, sin mentiras y sin utilizar políticamente el caso.
– ¿Cómo ha manejado el Estado salvadoreño este proceso de reparación?
Se están cometiendo violaciones en materia de reparación, porque están realizando acciones inconsultas, sin un diálogo concertado con las víctimas y se están cometiendo atropellos como expropiar propiedades de víctimas en la zona, que supuestamente estarán realizando obras, pero las cuales no están en las reparaciones (sentencia) como tal, y por el contrario se dejan otras reparaciones sin realizar como la principal que es la búsqueda de la verdad y justicia en un tema de sanción a los responsables de una sentencia condenatoria.
– ¿Cómo está la situación de expropiaciones de tierra de víctimas?
Se comenzó con la idea que eran reparaciones, cambios o mejoras especialmente como los monumentos a la Memoria Histórica, situación que denunciamos ante la Corte IDH- porque se realizan acciones con esa forma inconsulta, prepotente y soberbia desde el gobierno.
Ahora, han avanzado en llegar a buscar supuestas propiedades para algunas obras -sin consultar tampoco- y la gente se está dando cuenta de procesos de expropiación con esta nueva ley (de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado) que también esa normativa va contra el debido proceso.
Unas personas han ido al registro y han visto que ahora aparece como dueño de esas propiedades la Dirección de Obras Municipales (DOM), entonces, esto ha causado alarma en la población porque han visto que de esa forma oculta están haciendo estas acciones que no llevan a concertar obras y diálogos, y así ha sido la tónica de este gobierno como en El Mozote y lugares aledaños.
– ¿Esto riñe con la sentencia de la Corte IDH?
Actuar y después tratar de explicar las situaciones dejando en incertidumbre a la población, además de crear estas cortinas de distracción que se dan y luego, afirmar que están haciendo algo ante la población nacional. Este contexto es realmente la misma situación que han vivido las víctimas históricamente, ser apartadas, no ser consultadas y sin el cumplimiento en su totalidad de las sentencias internacionales como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2002.
– ¿Cómo ha tratado esto la Corte IDH?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido en esta sentencia y resoluciones de seguimiento siete resoluciones de seguimiento a la fecha, de las cuales han señalado que las reparaciones no han sido cumplidas en su mayoría.
Si bien se han cumplido algunas relacionadas con las indemnizaciones, -lo más fácil que tiene el gobierno es facilitar fondos en la reparaciones, aunque también lo utilizan políticamente para señalar a personas, para intimidarlas, diciéndoles que si hay críticas no se va a seguir dando ayuda. Un mecanismo de coerción también, y otras medidas que están pendientes.
– ¿Cómo evalúa estas acciones de la Corte IDH?
Lo que sucede es que hay audiencias de seguimiento y en todas las que ha realizado la Corte IDH, el Estado ha quedado mal parado, porque entre las diferentes medidas no han sabido explicar el retraso y en la mayoría de algunas acciones las quieren incluir como parte de las reparaciones, pero reconocemos que son obras ordinarias que todos los gobiernos deben tener con la población.
Y ahora con el cambio que se quiere dar a los municipios y todo lo que plantean convertir en el territorio nacional, pues va a ser más difícil que lleguen medidas de desarrollo a comunidades tan lejanas como El Mozote. A menos que políticamente se siga utilizando el caso para decir que apoyan a las víctimas.
Lo que está ocurriendo actualmente es que están dividiendo a las comunidades, utilizando la constitución de ADESCOS, que afines al gobierno y así dividen y atacan a las personas, incluso, a quienes integran el Comité de Víctimas de El Mozote. Esto va contra los habitantes que son personas defensoras de derechos humanos, es una estrategia que están utilizando.
– ¿Qué ha sido lo más difícil de este tipo de estrategias de separar a las comunidades?
Lo más lamentable es la falta del diálogo concertado, y que el gobierno no lo quiere seguir, y está actuando así en todas formas, como la expropiación de tierras a víctimas alegando que harán obras. Esto lo pensamos llevarlo a la misma Corte IDH, para que tome cartas en el asunto, que además del incumplimiento de la sentencia y reparación, estas personas están siendo revictimizadas.
Hay una medida de reparación en cuanto a las personas desplazadas que deben volver a sus lugares y aunque se deberá proporcionar viviendas, entonces, lo que está haciendo el Gobierno es lo contrario, y está desplazando de nuevo a las personas, les están negando reparación material.
Y las obras tienen fines políticos, porque son obras que no tienen reparación moral, porque han ofrecido una planta de tratamiento de aguas residuales y tienen otras obras con fines turísticos. Ese es el tratamiento que da al gobierno a los sitios de memoria como el Mozote, que lo ha dicho la misma presidencia de crear turismo, comercio y la población considera que esa no es la respuesta.
Las víctimas están preocupadas por este tipo de decisiones del Estado que son inconsultas, y no cubren las sentencias y reparaciones (Corte IDH), y ahora sigan aumentando como la expropiación de tierras. Así como dilatar o estancar el caso de El Mozote y sitios aledaños, porque en la actualidad no hay ninguna instancia de gobierno en función que la justicia y la reparación llegue a las víctimas.
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