Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y representante de familiares y sobrevivientes de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, expresó que a 42 años de este Crimen de Guerra y Lesa Humanidad, las víctimas sólo han recibido del Estado impunidad y demora en la aplicación de justicia.
“Creo que lo importante es que se sienten los familiares, los representantes de las víctimas y el Estado para establecer un diálogo, porque es un derecho que indicó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dejar de actuar de forma prepotente, porque eso no ayuda en nada”, afirmó Díaz, en entrevista exclusiva con Diario Co Latino.
– ¿Cuál es la situación en el proceso judicial del Caso de El Mozote?
Judicialmente el caso está estancado. Recordemos, que con el nombramiento de un nuevo juez, a raíz de la reforma a la Carrera Judicial, salió el juez Guzmán, y, entonces, no se ha avanzado. Ni siquiera se están recogiendo pruebas en la persecución de los responsables de estos Crímenes de Guerra.
En atribuir responsabilidades a los responsables no se está haciendo ninguna diligencia, sino otras, que para nosotros son innecesarias, como realizar un nuevo registro, tomar nuevas declaraciones. Eso es lo que está pasando, diligencias que no aportan a procesar, responsabilizar o hacer una audiencia de sentencia. Es sólo dar largas al caso y las víctimas y familiares están muriendo. Y también los responsables.
– ¿En qué situación coloca esta retardación de justicia en El Salvador?
Bueno, está en deuda a nivel nacional e internacional, en esa línea con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), porque hay un punto de la sentencia (2012) que trata de la investigación a los responsables que han obstaculizado y permitido la impunidad en la investigación.
Entonces, en ninguna de esas líneas se ha avanzado y lo último que se conoce es la acusación en el caso que se ha tocado el expediente judicial y se están haciendo algunas diligencias -que afirman- , son administrativas.
Esto no lo conocemos a fondo porque ahora el acceso al proceso y las diligencias es más difícil con la actual jueza. No obstante, cuando el proceso es público y se están violentando varios derechos allí, o sea, sigue la impunidad y falta de avances.
Y no olvidemos las solicitudes en la Sala de lo Contencioso (CSJ), en cuanto a los nombramientos de los jueces que a todas luces se sabe que es ilegal y son nombramientos efectuados sin un procedimiento legal como la terna de candidatos, todo ha sido muy subjetivo, esto también atrasó el proceso en el caso de El Mozote y sitios aledaños.
– ¿El caso sigue en el proceso de instrucción?
Sí, actualmente sigue en la etapa de instrucción. Y EL Mozote es de los pocos casos en donde hay prueba suficiente para llevarlo a juicio; a la fecha hay varios procesos que vienen del conflicto armado, pero, ninguno ha sido condenado y sancionado, siendo Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, cometidos por una política del Estado salvadoreño.
Se pueden ver similares casos y allí están solamente sin justicia, sin que los responsables intelectuales, los que decidieron realizar esas acciones que convirtieron en política de Estado, no han hecho nada y se ha evitado investigar ¿Por qué?, porque está ligado a los militares de alto rango, está ligado al poder que acompaña a estos gobiernos, entonces, los casos se dilatan y es la estrategia que están aplicando actualmente.
Es por esto que la Corte IDH ha dado seguimiento, específicamente desde las Resoluciones de Seguimiento, y desde el 2021 ha solicitado al Estado de El Salvador que cada 3 meses le informe esto es una supervisión cercana de la Corte IDH para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
– ¿Cumple con este informe el Estado salvadoreño?
En realidad, no sabemos si lo están haciendo o cómo lo hacen, pero la Corte CIDH ha considerado que ha transcurrido un tiempo excesivo y no se han cumplido estas medidas de reparación de impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir las investigaciones de los responsables de esta masacre.
Nosotros, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de las Víctimas de El Mozote (APDHEM), Tutela Legal “Dra María Julia Hernández” y CEJIL, como representantes ante la Corte IDH de las víctimas estamos solicitando la intervención de la Corte ante las acciones inconsultas y expropiaciones que han sucedido en El Mozote, así como otras medidas de su sentencia.
– ¿Cuál es la situación con las expropiaciones e incumplimiento de la sentencia?
Lo que se ha generalizado ahí son acciones inconsultas desde el monumento, porque han dejado de lado a la Asociación de Víctimas (APDHEM), porque no se presta para acciones de propaganda partidista oficial, o seguir el juego del gobierno.
Y es que El Mozote no es sólo el caserío como tal, sino que también hay otros cantones como Cerro Pando, Jocote Amarillo, La Joya, en donde no se ha hecho nada, entonces, hay un reclamo de la población y las víctimas que sólo se enfocaron en El Mozote pero en una línea propagandística.
Eso es como los archivos militares, que fue un desencanto, en donde existe una estrategia de apartar a la Asociación de Víctimas y utilizar ADESCOS, creadas por el gobierno para seguir la propaganda gubernamental, eso ha llegado a dividir a la población.
– ¿Qué pasa con las expropiaciones de tierras en El Mozote?
Ocurre que con las expropiaciones de las tierras, pues el Estado salvadoreño está en contra de otras medidas de la sentencia de la Corte IDH, porque una de estas le señala que debe garantizar el retorno de las personas que fueron desplazadas y también crear un Plan de Viviendas, y ayudar a la gente para que vuelva a vivir en condiciones adecuadas, luego que salieron huyendo en el conflicto.
Es la medida número 8, de la sentencia. Y de esta se han hecho algunas entregas de viviendas, según se conoce del último gobierno. Pero de eso, a expropiar tierras y realizar obras en lugares que son de las víctimas, pues están revictimizando a esta población.
– ¿Qué otra medida ha incumplido el Estado salvadoreño?
Una medida muy importante como registrar los lugares de inhumación en la zona, la misma de El Mozote, la Corte IDH en su sentencia ha pedido un trabajo completo e integral, eso no se ha hecho-. Y en respuesta han quitado propiedades cercanas y en la zona, vulnerando derechos por no realizar una búsqueda de lugares de enterramiento y se están colocando obras sobre esos lugares.
Y hay miembro de las misma Asociación de Víctimas y residentes que en algunas obras han encontrado restos (óseos), esto es bien delicado que se esté violentando el lugar como ya sabemos desde el monumento (memorial) y las zonas aledañas que es un lugar de memoria de una masacre que tomó la vida de más de mil personas y no se ha hecho esa búsqueda.
– ¿Quién debe realizar este mapeo de los lugares de inhumación?
Ese mapeo integral lo tendría que hacer el Instituto de Medicina Legal (IML), bueno la Fiscalía General de la República (FGR) misma con los recursos que tienen para esto. Sumado a la deuda que tienen con esa reparación de la entrega de los restos exhumados, a los que no han hecho estudios antropológicos completos.
Hay varias circunstancias por las que se han dejado de entregar estos informes que sirven también para el proceso penal. Además, se deben entregar los restos de las víctimas a los familiares para el proceso de duelo que lo necesitan como medidas de reparación.
Entonces, todas estas acciones inconsultas violentan varias de las medidas que están en la sentencia, por eso la Corte IDH, está atenta porque las medidas aún no se han cumplido. Y eso lo sabemos las víctimas, familiares y representantes legales.
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