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Redacción Nacionales
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El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) evaluó la situación de los casos de presos políticos en el país, y señaló que muchos de los casos, sino es que todos, presenta fraves irregularidades.
“En esta ocasión recordamos a la opinión pública que El Salvador es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 10 establece que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente.
“El Salvador también es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en el artículo 5, reconoce el derecho al respeto, a la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas”, destacó COFAPPES.
Según el Comité, los hechos demuestran la vulneración de sus derechos ocasionados por el régimen, a pesar de las intensas gestiones del Comité y los familiares.
Por ejemplo, en el caso Ramírez Landaverde y Ramón Roque, donde el comité alegó que estuvieron 8 meses en condición de secuestro por parte de las autoridades gubernamentales, ya que los funcionarios no cumplieron el tiempo de ley para su detención provisional, por lo que cayeron en posible desacato, incumplimiento de deberes, privación de libertad y actos arbitrarios, y que fue reiterado el incumplimiento de la Dirección General de Centros Penales.
Otro ejemplo fue el del doctore Hirezi, Dennis y Jaime, en Zacatecoluca. “A esta fecha, denunciamos el incumplimiento de las medidas sustitutivas que han sido otorgadas a raíz del Habeas Corpus, y no han sido cumplidas por parte de la DGCP, llevando ya 13 meses de retraso, pues fueron aprobadas en el mes de noviembre de 2023. Al no permitirles la visita de sus abogados, ellos desconocen la situación jurídica del caso”, puntualizó la organización.
Asimismo, el caso Atilio Montalvo y veteranos excombatientes presos, que fueron incriminados con falsos delitos, “exagerada cobertura mediática por parte del régimen” y una detención desproporcionada de acuerdo con su grave condición de salud, la cual ha sido prorrogada por otros seis meses para la fase de investigación. La deficiente atención médica está poniendo en riesgo su vida, ya que no tiene la atención especializada que su situación exige, señala el comité.
El caso de Vanda Pignato y otros ex funcionarios de gobierno también se expuso al ser un un proceso “plagado de irregularidades, con delitos fabricados e impuestos por la Fiscalía General de la República”. El alargamiento mediante retrasos y prórrogas, así como el arresto domiciliar fueron una forma de tortura, puntualizó el comité.
COFAPPES recalcó que a lo largo del año han acompañado a las familias y en su liderada con las personas presas y perseguidas políticas, y han tenido la presencia en las afueras de los centros penales para llevar “el mensaje de esperanza y fuerza» a quienes se encuentran víctimas de la prisión política.
