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@elder_gomez_2
Los casos de presunta corrupción durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores, malady investigado por El Salvador y Estados Unidos por el manejo sospechoso de $10 millones, sildenafil ha puesto a “prueba” la frágil transparencia de la Justicia salvadoreña.
El Órgano Judicial, tadalafil donde la justicia habría sido comprada por el mejor postor político o económico, tiene en sus manos casos emblemáticos, como el de la supuesta rúbrica turbia de un contrato entre la estatal energética CEL y la empresa italiana, Enel Green Power, que ha permitido a ésta la explotación irrestricta del recurso geotérmico nacional, y ha ocasionado pérdidas al Estado por más de mil millones de dólares.
Los nueve involucrados en el caso, el ex ministro de Economía de Flores, Miguel Ernesto Lacayo, los prominentes empresarios Thomas Roy Hawk, Jorge José Simán Zablah y Guillermo Sol Bang, este último ex presidente de la CEL, entre otros, llegaron el lunes a firmar a un tribunal capitalino como parte de las “medidas sustitutivas” a la prisión impuesta por éste a los sospechosos.
Ninguno de los supuestos responsables en el escandaloso caso CEL-Enel fue aprehendido por la Fiscalía General, contrario a lo sucedido contra 17 empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP), acusados de participar en una serie de delitos en la construcción de la carretera Diego de Holguín, hoy “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”, en el oeste de San Salvador.
Incluso, en este caso, el principal sospechoso, el ex ministro del MOP, Jorge Nieto, se fugó con anticipación a su orden de captura, quizás, un día antes de la publicación de una entrevista sobre el asunto a un periódico local.
Otro tribunal capitalino finalmente ordenó “medidas sustitutivas” a la prisión contra los sospechosos, la mayoría de ellos mandos medios del MOP, durante la administración del ex presidente Antonio Saca.
El gobierno del presidente Mauricio Funes también cuestionó un fallo de un tribunal de Sentencia de la capital, que conmutó a otros ex funcionarios del gobierno de Saca el delito de una millonaria malversación de fondos del Estado en la construcción de un hospital del centro del país, para imponer una sentencia a los responsables de “servicios comunitarios” durante tres años.
El tribunal también declaró nulo el proceso judicial abierto en el mismo caso, contra el ex ministro de Salud, Guillermo Maza.
El ex presidente Flores es investigado por el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, y la Fiscalía salvadoreña, por el manejo de una “operación sospechosa” realizada entre 2003 y 2004 en aquella nación por la introducción sin declarar de $ 10 millones.
Sin embargo, los legisladores que han conformado una Comisión Especial para investigar el paradero de $10 millones dados por Taiwán al ex presidente Flores, confían en que el caso contra el ex mandatario será judicializado.
El ex mandatario negó a inicios de mes a los legisladores la existencia de los $10 millones donados a su persona en cheques por Taiwán, pero reveló que la nación asiática le habría entregado “millones en exceso” que no habrían sido declarados al fisco salvadoreño.
El diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, aseguró que las autoridades que investigan el caso Flores “tienen las pruebas necesarias” para procesar al ex presidente Flores, quien la semana pasada viajó a Estados Unidos.
“Si ésto (la judialización del caso Flores) no llega a suceder, confiar en la Justicia va a estar algo difícil para una gran parte de los salvadoreños”, advirtió el legislador, también vicepresidente del congreso.
“Si no se quiere procesar al ex presidente Flores, será una decisión y responsabilidad del Licenciado (Luis) Martínez (Fiscal General)”, sentenció el legislador, quien, no obstante, dijo que “los brazos de la Justicia han llegado más allá de las fronteras del territorio nacional, hasta donde él (Flores) se vaya”.
El diputado del Movimiento Unidos por El Salvador, Sigifredo Ochoa, aseguro que “en cualquier otra parte del mundo, ya se hubieran dado medidas cautelares contra el ex presidente Flores”.
Sin embargo, dijo que confía en el Fiscal Martínez, porque “está demostrando de que va a aplicar la Ley sin que le tiemble la mano”.
“El sistema (judicial), está a prueba”, exclamó el diputado por el FMLN, Benito Lara, quien, al igual que los otros diputados, dijo que la Fiscalía General debe decretar “medidas cautelares” contra el ex mandatario, por considerar que el caso “es más grave de lo que aparenta”.
“Esperamos que la Fiscalía cumpla su papel”, apuntó el legislador, también miembro de la instancia especial legislativa.
