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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Siméon Cañas” (IDHUCA) , reaccionó ante el “tuit” del secretario de la presidencia, Conan Tonathiu Castro, quien auguró sarcásticamente la postura de las autoridades de la UCA, con la resolución de la Sala de lo Constitucional en el caso de la Masacre Jesuita.
“Con la nueva administración de la UCA son capaces que se opongan también…jajaja”, escribió Castro Ramírez, por lo que Arnau Baulenas, respondió: “En el año 2000 fue la UCA quien presentó la denuncia. En noviembre 2017 fue la UCA, junto al hermano del padre Ellacuría, quienes pidieron la nulidad del sobreseimiento. Por mucho que quisieran, no pueden cambiar la historia y la verdad a fuerza de tuit”, reafirmó Baulenas en respuesta a Castro.
El abogado en derechos humanos Arnau Baulenas truncó cualquier especulación a que haya existido abandono o negligencia del IDHUCA, en el Caso de la Masacre de los Jesuitas ocurrido el 16 de noviembre de 1989, en el marco del conflicto armado, cuando se ejecutaba una ofensiva guerrillera en San Salvador.
La decisión de la Sala de lo Constitucional, que circuló en horas de la tarde del pasado miércoles 5, estimó el amparo contra la resolución de la Sala de lo Penal que declaró anteriormente la “nulidad absoluta” del proceso penal instruido contra las personas vinculadas al caso denominado “Masacre de los Jesuitas”.
El dictamen de la Sala de lo Constitucional se da luego de la presentación de un recurso de amparo el pasado noviembre de 2021, por parte del actual fiscal Rodolfo Delgado, quien pidió una “revisión” al fallo de la Sala de lo Penal en el caso Jesuitas y sus empleadas. Esta acción le valió la aprobación del presidente Nayib Bukele, que hizo público a través de las redes sociales.
Ahora, la Sala de lo Constitucional ha dado 10 días de plazo a la Sala de lo Penal para presentar sus consideraciones sobre los señalamientos que le hacen sobre “la vulneración de derechos a seguridad jurídica, el conocimiento de la verdad y protección jurisdiccional” de las víctimas en el caso Jesuitas.
En cuanto a la declaración de “nulidad absoluta” en el Caso Jesuitas, emitido por la Sala de lo Penal en 2020, el argumento a esa resolución parte de la determinación jurídica del Juzgado Tercero de Paz, que consideró el sobreseimiento definitivo (2000), por el vencimiento de la “acción penal”, luego de una década desde que la Fiscalía General de la República presentara su acusación en el Caso Jesuitas.
La iniciativa del fiscal Rodolfo Delgado se suma a la realizada también por el exfiscal Belisario Artiga (2000), que en su período de gestión se comprometió también en investigar a los autores intelectuales que relacionaban a militares pertenecientes a la “Tandona” y el expresidente Alfredo Cristiani, pero sin mayores avances en la investigación.
Las autoridades de la Universidad Centroamericana, un año después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2016 derogara y declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, peticionaron la reapertura del caso Jesuitas y se declararon “querellantes” el 27 de noviembre de 2017.
Asimismo, en ese momento se comprometieron -de reabrirse el caso- la presentación de pruebas documentales, testimoniales y periciales a fin de comprobar las participaciones de los militares señalados y hacer efectiva una acción judicial.
La Masacre de los Jesuitas fue documentada en el Informe de la Comisión de la Verdad, denominado “De la Locura a la Esperanza”, que fue entregado a las partes protagónicas en 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin a un conflicto armado interno que por doce años vivió El Salvador.
Sobre la descripción de la Masacre de los Jesuitas, -los comisionados- establecieron que el coronel Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, “en presencia de y en confabulación” con el general Juan Rafael Bustillo, coronel Juan Orlando Zepeda, coronel Inocente Orlando Montano (cumpliendo condena en España) y el coronel Francisco Elena Fuentes, fueron quienes dieron la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría, rector de la UCA).
Esa orden de no dejar testigos, significó también el asesinato de sus compañeros religiosos: Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y las trabajadoras Elba y Celina Ramos (madre e hija), que se encontraban en el Centro Pastoral.
