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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Los abusos que hemos venido sufriendo desde 1932, son ahora los que hacen las empresas (hidroeléctricas), así como hacen sufrir las comunidades, se lo hacen al abuelo Sensunapan”, expresó Enrique Carías, del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes de Nahuizalco, Sonsonate.
“Nos sentimos traicionados especialmente por el Ministerio de Cultura, y sobre todo, de aquellas personas que toman las decisiones y no hicieron nada, y ahora, la notificación de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, que el proceso de medidas cautelares terminó y fue enviado a archivo”, explicó Carías.
Enrique Carías, originario del cantón Sisimitepet, que comparten junto a Pushtan las riberas del río Sensunapan, expresó su decepción por la falta de atención del Ministerio de Cultura para dar protección a los sitios sagrados y ceremoniales de los Pueblos Indígenas.
“Como comunidades fuimos abiertos y decidimos acompañarlas y ayudar al equipo técnico que ellos enviaron, y -creímos- que toda la información recabada era suficiente para los tomadores de decisión en el Ministerio de Cultura, para la preservación de nuestros lugares sagrados”, acotó.
“Tuvimos mucha esperanza por el valor y las acciones judiciales del Juez Lizama, al dictar estas medidas al abuelo Sensunapan, eso lo vimos muy bien en su momento. Pero también, se levantó la sospecha, cuando al Juez Lizama fue removido de su puesto y estos son los resultados en esta línea”, indicó Carías.
Con fecha 23 de febrero la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, que emitió las medidas cautelares que protegieron por 20 meses el ecosistema del río Sensunapan y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, concluyó su término de protección, dejando a los defensores de los derechos ambientales e indígenas sin recibir justicia y sin garantizar a futuro la protección de estos bienes tangibles e intangibles.
Ariela González, abogada de FESPAD, señaló que la resolución de la Cámara Ambiental, tiene la característica de ser el “principal tribunal ambiental del país”, por lo tanto, las comunidades indígenas y las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que los acompañan, tendrán que definir propuestas en busca de respuestas jurídicas.
“Después de la Cámara, tenemos a la Sala de lo Constitucional, probablemente por la vía del amparo podremos presentar este caso por la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas que ya está tutelado en la Constitución de la república y la falta de un ambiente sano que también lo consigna la Constitución”, señaló González.
“A nivel de Cámara hemos venido evaluando una serie de acciones puntuales para buscar otras alternativas jurídicas -que dejen una vez por sentado- la protección jurídica y que las medidas cautelares lo establecían en una sentencia. Creemos que es un tribunal viciado, un tribunal contaminado por la opinión de los que favorecen al sector empresarial y no priorizan la necesidad de las comunidades y ecosistemas”, reiteró González.
González recordó que las autoridades salvadoreñas ignoraron los informes documentados que realizaron en el país, los Relatores Especiales (ONU) de Pueblos Indígenas y del Agua, sobre la grave situación ambiental y los derechos de esta población a nivel internacional.
“Asimismo, ellos se pronunciaron por casos como Valle El Ángel donde expresamente hicieron un llamado al Estado salvadoreño a no permitir este tipo de proyectos -así como- la construcción de la octava hidroeléctrica en el río Sensunapan”, indicó.
“No creímos que iba a terminar de esta manera, y dejamos por sentado que creímos antes en la justicia que podía ser aplicada por la Cámara de lo Ambiental, cuando hablábamos de los jueces Lizama y Romero, quienes otorgaron las medidas cautelares, pero ahora esta otra Cámara sus criterios son distintos y no tiene enfoque ambiental ni de derechos humanos”, resumió la abogada.
El ambientalista Alejandro Labrador, de la UNES, expresó la solidaridad de las organizaciones con la exigencia y la denuncia que realizaron las comunidades de Nahuizalco, principalmente del cantón Sisimetepet y Pushtan, quienes por 19 años han venido manteniendo una lucha social con el fin de detener proyectos extractivistas e inmobiliarios que se transforman en amenazas reales a su vida comunitaria y su entorno ambiental.
“Como UNES apoyamos este esfuerzos comunitarios vinculados a la defensa de sus derechos y sucede esto en el sistema de justicia de El Salvador, es triste ver cómo se convierte una Cámara Ambiental, que está para servir a la población y controlar lo que hace el Estado, si no cumple la ley o comete un equivoco -pero no lo hizo- contribuyó a la injusticia”, señaló Labrador.
“Con este terrible antecedente de archivar un expediente histórico del país, nos queda más claro el devenir del Estado salvadoreño, los permisos que está dando y como está manejando el país y su visión socio ambiental.
Al archivar este expediente -que para nosotros era importante- por la protección a la naturaleza y el patrimonio cultural, ahora solo vemos la profundización de proyectos de muerte”, finalizó Labrador.
