Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Luis González, ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), hizo un llamado por la “ libertad” para los cinco defensores ambientalistas de Santa Marta – ADES en El Salvador”, en el homenaje de solidaridad, rendido en el marco del XV Encuentro: Tejiendo Raíces para la Resiliencia, Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!
“Están criminalizados por la resistencia antiminera que sigue en pie, al igual que las organizaciones y espacios de la región que nos acompañan, resistiendo y construyendo un futuro en donde la dignidad sea para todos y todas”, agregó González.
Son más de 300 organizaciones dispuestas en la región centroamericana y el Caribe, las que integran la plataforma Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!, las que realizaron el XV Encuentro: Tejiendo Raíces para la Resilencia.
“Este homenaje no es solo un acto de solidaridad, sino una reafirmación que su lucha sigue siendo la nuestra, que aquí seguimos sin derrotas, transformándonos y caminando hacia la justicia . Y que el ejemplo de nuestros compañeros de Santa Marta, iluminen nuestro camino y que su fuerza sea la llama que nunca se apague en la defensa de la vida, la tierra y nuestros pueblos”, expresó González.
En El Salvador lo que se conoce como un Estado democrático y constitucional de derechos, pues se ha perdido, porque somos un país en donde las características de la democracia moderna, la separación de poderes del Estado, la independencia judicial, la rendición de cuentas y la participación ciudadana pues en los últimos años ha desaparecido.
Situación de los derechos y la justicia en El Salvador
“En El Salvador lo que se conoce como un Estado democrático y constitucional de derechos se ha perdido”, reiteró Luis González, al compartir la carencia de las propias características de una “democracia moderna”, como la separación de poderes del Estado, la independencia judicial, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la que ya no existe en El Salvador.
“En alguna medida esto pone en vulnerabilidad a la lucha ambiental, como los defensores y defensoras ambientalistas que en el pasado brindaron hasta su vida por el tema ambiental y en específico contra la minería, y hace 7 años se logró la prohibición de la minería metálica en El Salvador, y es la memoria de Marcelo, Ramiro, Carlos, y Dora Sorto”, acotó.
“En la actualidad hay posturas que ponen en vulnerabilidad a las personas defensoras porque hay amenazas, amedrentamientos por oponerse a proyectos que contaminan las aguas o por urbanizaciones que afectan las poblaciones. Y se enfrenta la ausencia por parte del Estado en materia de garantizar derechos de personas defensoras”, alegó González.
Acuerdo de Escazú como herramienta de trabajo y protección
El caso de la asociación ADES y la Comunidad Santa Marta, Cabañas, que históricamente han estado en contra de la minería, González consideró como una acción inmediata y urgente la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, que garantiza el ejercicio de la defensa de los bienes naturales por miembros de las comunidades, frente a megaproyectos que vulneran sus modos de subsistencia o contaminan sus ecosistemas.
“Las organizaciones, junto a ADES y la Comunidad Santa Marta, ganaron en aquel momento detener la amenaza de la minería metálica en sus territorios, pero ahora, ante la amenaza de la reversión a Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ellos anunciaron que seguirían luchando y lo que recibieron es persecución y criminalizados”, indicó.
Actualmente, a 24 horas, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, dará su dictamen final de la Vista Pública, iniciada el 8 de octubre contra los ambientalistas Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, que el movimiento social y aliados internacionales esperan por la absolución total de los defensores.
“Es realmente preocupante que no se generen políticas públicas encaminadas a proteger a personas defensoras ambientales, y por el contrario las criminalizan, cuando el Estado debe fortalecer o proteger ese trabajo por el bien común y la protección de los ecosistemas”, reafirmó.
“Recientemente, cumpliremos 30 meses que en El Salvador tenga un Régimen de Excepción, que se establece y se crea para generar seguridad pero también para amedrentar las luchas sociales. Y en esa lógica de lucha contra pandillas han capturado a muchas personas que protestaban por el derecho a la tierra, el agua, trabajo justo y digno”, expresó González.
Protección integral a personas defensoras
En este contexto, Luis González hizo un llamado a las organizaciones de la plataforma Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!, a promover el trabajo de las personas defensoras con un marco legal que proteja su quehacer y les brinden las garantías correspondientes que están amparadas en la Convención de Derechos Humanos (ONU).
“Tenemos que impulsar esto para que no sigan dándose estos problemas como lo sucedido a los ambientalistas de Cabañas, o como los asesinatos contra Ramiro Rivera, Marcelo Rivera, Dora Sorto, que sea una protección integral y eso pasa efectivamente exigir a nuestros países que aprueben el Acuerdo de Escazú que lo firmen y ratifiquen”, indicó.
“Si bien la seguridad física es importante por las amenazas, persecución y atentados, es importante también el tema digital -me refiero- no sólo a que pueden vulnerar su teléfono o un correo, también la imagen digital de un defensor puede verse empañado por una noticia o señalamiento falso, como los compañeros de Cabañas. Por lo que exigimos su inmediata libertad ante las falsas acusaciones de la Fiscalía”, puntualizó González.