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Por Leonel Herrera*
Este 2 de agosto se vencía el período de instrucción en el cuestionado proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, es decir, el plazo para que la Fiscalía preparara las pruebas y el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque realizara la audiencia preliminar. Sin embargo, por petición de Fiscalía, dicho tribunal otorgó seis meses más y trasladó la referida audiencia para el 2 de febrero del próximo año.
La referida decisión judicial es, en primer lugar, un acto de indolencia que extiende el sufrimiento de los ambientalistas encarcelados en condiciones inhumanas desde hace casi siete meses, bajo reglas del régimen de excepción como si el caso tuviera relación con pandillas y sin poder ver a sus familiares desde el 19 de enero y al abogado defensor desde el 7 de marzo.
En su decisión, el Juzgado ni siquiera tomó en cuenta el grave peligro de que estos defensores del agua y del medioambiente mueran en prisión, sobre todo Saúl Agustín Rivas, quien -a pesar de su delicado estado de salud- fue traslado al mortífero penal de Izalco, donde según CRISTOSAL ha sucedido el 60% de las muertes en las cárceles durante el régimen de excepción.
Este tribunal también se ha negado en dos ocasiones a revisar la detención provisional y considerar medidas sustitutivas, la última vez incluso advirtió con sancionar a la defensa legal de los detenidos si insistía en presentar “solicitudes repetitivas”. El 30 de junio, la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque le ordenó hacer una audiencia especial de revisión de medidas, pero más de un mes después el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque sigue sin realizarla.
Y en segundo lugar, alargar la fase de instrucción es solo una extensión sádica de la farsa judicial. Fiscalía ya evidenció que no tiene pruebas reales que vinculen a los acusados con los delitos imputados: no encontró el cadáver de la supuesta víctima en una fallida diligencia de exhumación a finales de junio y sigue teniendo como principal prueba el testimonio contradictorio de un supuesto testigo criteriado.
Si no hay pruebas y Fiscalía no va a encontrar otras en seis meses más, ¿por qué posponer innecesariamente la audiencia y por qué el Juzgado se niega a revertir la detención para que el proceso continúe en libertad? La respuesta no está en la justicia y el debido proceso penal, sino en el dolo y el sadismo de postergar esta cruel farsa jurídica contra personas cuyos verdaderos crímenes son defender el agua y el medio ambiente de los terribles daños de la minería metálica.
Lo anterior obliga a denunciar el actuar parcializado del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque y su actitud sesgada contra los ambientalistas, pues -además de posponer la audiencia preliminar, negarse dos veces a revertir la detención y no realizar la audiencia especial de revisión de medidas ordenada por una instancia superior- hay otros hechos que cuestionan su desempeño.
Por ejemplo, en la resolución que otorga seis meses más para que la Fiscalía “siga buscando pruebas”, el Juzgado también decidió mantener la reserva total de información, aun cuando la misma Fiscalía pedía cambiar a reserva parcial. Esto podría ser una maniobra de la jueza para mostrar “que no obedece en todo la Fiscalía”, pero también muestra que su beligerancia en el caso es aún mayor que la de los propios fiscales. Esto es grave. No se puede esperar justicia.
Pos data: Mientras escribo este texto, Santa Marta está bajo una fuerte presencia de efectivos militares como parte de un supuesto “cerco contra las pandillas” en el departamento de Cabañas.
*Periodista y activista.
