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El proceso penal contra los líderes de la comunidad Santa Marta está nuevamente en el primer plano del debate público nacional, y el Estado salvadoreño se encuentra otra vez en la mirada del mundo por procesar judicialmente a defensores ambientales que fueron protagonistas de la histórica lucha por la prohibición de la minería metálica y actualmente son actores claves en la resistencia comunitaria contra la posible reactivación de la más dañina de las industrias extractivas.
Para los días 8, 9 y 19 de octubre está prevista la vista pública en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, tribunal que tiene en sus manos la trascendental decisión de hacer valer la legalidad, el debido proceso y la verdadera justicia; o consumar este injusto procedimiento penal y condenar a los activistas ambientales de Cabañas, a pesar de la falta de pruebas reales de la acusación fiscal denunciada por la defensa legal y las organizaciones sociales que apoyan a los líderes comunales dentro y fuera del país.
Como Diario Colatino, consecuentes con nuestra perspectiva de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las causas legítimas del pueblo salvadoreño, hemos dado seguimiento informativo de manera permanente a este caso desde que los activistas ambientales fueron capturados arbitrariamente hace más de veinte meses. Asimismo, nos hemos pronunciado en los momentos más relevantes del proceso judicial respaldando la exigencia de libertad planteada por diversas organizaciones, instituciones, funcionarios internacionales y reconocidos juristas, activistas sociales, académicos, líderes religiosos y científicos, en El Salvador y en diversos países del mundo.
Coincidimos plenamente con la Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, que este caso constituye una criminalización del activismo ambiental y una persecución judicial contra quienes advierten sobre los graves peligros que representa para el país la eventual reactivación de proyectos mineros debido a la razones señaladas por el movimiento ambiental, especialmente el uso intensivo del agua y la utilización de químicos tóxicos como cianuro que contamina agua, tierra y aire.
En este sentido, además de pronunciarnos por la libertad definitiva de los luchadores ambientales de Santa Marta y ADES, naturalmente nos manifestamos también por la demanda de mantener la prohibición de la minería metálica contenida en una ley aprobada por unanimidad el 29 de marzo de 2017 como resultado de una amplio consenso nacional por la protección del agua y los ecosistemas del país.
Esperamos, pues, que en la resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque prevalezca la justicia y que el sentido de responsabilidad impida que el gobierno de los hermanos Bukele (a través su obediente y sumisa Asamblea Legislativa) modifique el marco legal que mantiene proscrita la exploración y explotación minera metálica en el subsuelo nacional. Ningún beneficio económico está por encima de la necesidad de garantizar la continuidad de la vida de las presentes y futuras generaciones.
En Diario Colatino no queremos volver a escribir un editorial abogando por la libertad de los líderes comunitarios de Cabañas; sino que deseamos profundamente, con el mayor sentido patriótico, escribir uno saludando una resolución justa y apegada a derecho que absuelva a estos héroes ambientales que tanto bien han hecho al país. Un fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque también enviaría el mensaje de que no todo está perdido en materia judicial en El Salvador y que todavía hay resquicios de independencia de jueces y juezas valientes que no han sucumbido ante las presiones espurias de este gobierno inconstitucional que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas.
