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Por Leonel Herrera*
Una de las estrategias narrativas y operativas más efectivas del régimen de Nayib Bukele es acusar a sus antecesores (a quienes llama “mismos de siempre” o “Arena-Frente”) de haber hecho cosas, que él ahora también está haciendo, para que la gente crea que no las hace. Hay tres ejemplos que lo muestran claramente.
El primero es acusar a los “mismos de siempre” de haber negociado con las maras y hasta llamarlos “mil veces malditos” por haber “negociado la sangre del pueblo”. Con esto Bukele desvía la atención de la población sobre las negociaciones que su propio gobierno ha mantenido con las pandillas, negociaciones reveladas por el periodismo investigativo y que han sido judicializadas en una corte de Estados Unidos. Hay evidencia periodística de que Bukele viene negociando con las maras desde que era alcalde de San Salvador.
Hace algunas semanas fueron condenados el ex ministro de Defensa David Munguía Payés y el ex presidente Mauricio Funes (en ausencia) por haber negociado la tregua de pandillas en 2012. Consecuente con esto, Bukele y funcionarios suyos, como el director de Centros Penales Osiris Luna y el director de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín, también deberían ser enjuiciados y recibir la misma condena de Funes y Munguía Payés.
Sin embargo, el actual presidente y sus funcionarios no solo tienen el poder para asegurar su impunidad, sino que hacen creer a la mayoría de la población que “su gobierno no ha negociado con grupos criminales como sí lo hicieron los de Arena-Frente”.
El segundo ejemplo es señalar a los “Arena-Frente” de haber cometido delitos de corrupción y robarse el dinero de la gente. Así Bukele hace creer a la población que “la corrupción es cosa del pasado”, a pesar de que su gobierno tiene niveles de opacidad aún mayores que los últimos dos gobiernos.
La régimen de Bukele anuló el acceso a la información, los mecanismos de transparencia y los ejercicios de rendición de cuentas; también cerró la CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) que había él mismo creado y destituyó al fiscal general Raúl Melara por estar investigando casos de corrupción (y las negociaciones con pandillas) de su gobierno. Sin embargo, hace creer a la gente que él y su gobierno no son corruptos.
Al inicio de la pandemia de COVID-19, Bukele aseguró que él mismo “metería preso al funcionario que se atreviera a tocar un solo centavo” de los fondos destinados para atender la emergencia. Poco tiempo después hubo indicios de que varios funcionarios (entre éstos los ministros de Agricultura, Salud,Turismo y otras carteras) “tocaron varios centavos”; sin embargo ninguno de ellos fue procesado, y el presidente sigue haciendo creer que “la corrupción fue una práctica de los mismos de siempre”.
Y el tercero consiste en afirmar que en la época de “Arena-Frente” “la justicia era selectiva y que ahora sí existe una verdadera justicia”. Bukele hace creer que hoy -que él controla el aparato judicial y que la mayoría de magistrados y jueces resuelven como ordena Casa Presidencial- sí existe la justicia no selectiva, verdadera, pronta e imparcial.
Pero nada más alejado de la realidad, pues la falta de separación de poderes y la total ausencia de independencia judicial hacen que la justicia sea más selectiva que nunca. Ahora la justicia persigue a quienes el gobierno de turno quiere perseguir, principalmente a opositores políticos, como el ex alcalde arenero Ernesto Muyshondt y varios ex funcionarios de gobiernos del FMLN, así como también activistas sociales, dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos.
En este sentido, la detención y encarcelamiento de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES es un ejemplo emblemático de aplicación de la “justicia selectiva” del bukelismo. Tal como han señalado diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Asociación Americana de Juristas, se trata de un caso de criminalización del activismo social y criminalización de defensores ambientales que representan un obstáculos para las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica a pesar de estar terminantemente prohibida por ley.
Sin embargo, la Fiscalía y el sistema de (in) justicia bukelista lo presentan como un acto genuino de hacer justicia por un supuesto asesinato cometido hace más de 30 años. Mientras acusa injustamente y procesa ilegalmente a los ambientalistas de Santa Marta, la (muy imparcial, justa y no selectiva) justicia bukelista se niega a investigar las horrendas masacres cometidas por el ejército gubernamental durante la guerra civil en esa heroica y martirial comunidad rural de Cabañas.
Esta semana personeros de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque anduvieron escarbando en las tierras de Santa Marta. Según publicó la comunidad en sus redes sociales, las autoridades fiscales y judiciales buscaban el cadáver de la persona supuestamente asesinada por los líderes comunitarios en 1989 cuando eran combatientes guerrilleros.
Mientras la Fiscalía y los tribunales no investiguen también las masacres cometidas contra Santa Marta, lo realizado esta semana no es más que un grotesco acto de cinismo, burla y revictimización contra la comunidad. Y es también una confirmación de la “justicia selectiva” de Bukele.
Periodista y activista
