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El miércoles pasado terminó uno de los shows políticos jurídicos montados por la Fiscalía General de la República en dos administraciones distintas.
Siempre fuimos de la opinión que pretender castigar el proceso de la tregua, y sobre todo, al máximo representante del Ejecutivo, afectando a mandos medios y profesionales de menor rango en el sistema penitenciario, era una irresponsabilidad.
Irresponsabilidad porque se les expuso mediáticamente como culpables y por ende como “delincuentes” a 18 ciudadanos, que a la luz de la razón, la justicia y la legalidad, eran inocentes desde el principio.
Es cierto que la tregua iniciada entre las pandillas, teniendo como mediadores al ex comandante guerrillero Raúl Mijango y al obispo castrense Fabio Colindres, no fue del agrado de muchos, pese a que, en el año que duró la tregua hubo un millar de homicidios menos.
Los que estaban en contra de la tregua lo hacían, unos, porque no les interesaba que las pandillas dejaran de matarse entre ellas, otros, porque el tema de los homicidios es tema de campaña, y les interesaba, a toda costa mantener el discurso que la violencia estaba desbordada y que el Gobierno del FMLN no tenía la capacidad de afrontar el problema.
Tanto el ex fiscal Luis Martínez como el actual, Douglas Meléndez, han dado sus visiones políticas, no jurídicas, de la tregua. Martínez la calificó como “hipócrita”, y Meléndez como “Cochinada”.
Y fue a partir de sus valoraciones políticas que encausaron la investigación, pero dado que no podían enjuiciar a la tregua como tal, ni mucho menos al ex presidente de la República Mauricio Funes, y el ex ministro de Justicia, David Munguía Payés, elaboraron un entramado de delitos con la consiguiente captura de 18 funcionarios intermedios y servidores públicos.
Para procesar la tregua y a los detenidos, la Fiscalía inventó una serie de delitos, que, como era de esperar, no pudo sostener ante el Juez, por eso, es que intentó meterle el morbo con un testigo criteriado, que más que ayudar a la fiscalía la afectó, pues durante el interrogatorio de uno de los defensores, el testigo quedó en evidencia en su récord de mentiras, en este y otros juicios en los que ha comparecido en calidad de testigo único y clave del ente fiscal.
La Fiscalía intentó ganar la voluntad de la opinión pública, mediáticamente, al capturar a los hasta entonces sospechosos, y por acumularle los delitos de: Asociaciones ilícitas, falsedad ideológica, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes e introducción de objetos ilícitos, y otras morbosidades, como la ya famosa “Fiestas pornográfica”.
Que bueno que el caso llegó ante un juez que, por la forma de resolver, prácticamente contra la corriente, luego de la condena mediática, no se dejó presionar y resolvió apegado a derecho, como lo ha reconocido el doctor Rodolfo Garay Pineda, ex director general de Centros Penales, quien catalogó, además, de valiente al señor juez, por no dejarse intimidar.
Quienes han estado detrás del señor Fiscal General deberían recomendarle no gastar más recursos del Estado en casos mediáticos, y que por lo tanto no apele la decisión del Juez Especializado de Sentencia, que ha juzgado el caso tregua, al declarar inocentes a los 18 procesados por la Fiscalía.
