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Redacción Nacionales
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El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Sonsonate rechazó la petición del defensor legal de uno de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES recluido en el Complejo Penitenciario de Izalco, dijeron a Diario Co Latino fuentes judiciales.
El abogado Dennis Muñoz solicitó la semana pasada al referido tribunal que le permita visitar a Saúl Rivas Ortega, a fin de verificar su situación de salud y entrevistarlo con la finalidad de ofertar prueba en la fase de instrucción, pero la petición fue denegada. “No al lugar la petición del licenciado Dennis Stanley Muñoz Rosa”, dice la resolución en poder de este medio.
Rivas Ortega padece de diabetes y otras enfermedades crónicas, y debido a esta situación de salud estaba internado en la Centro Penal (hospitalario) de Quezaltepeque; sin embargo, hace un par de semanas fue trasladado al penal de Izalco, y esto -según advierten presentantes de Santa Marta y ADES- pone en grave peligro su integridad y su vida.
(https://twitter.com/ades_sm/status/1661811738872872996?cxt=HHwWyIC8sZm–I8uAAAA)
Según registros de la organización CRISTOSAL, más del 60% de los asesinatos en las cárceles durante el régimen de excepción han sucedido en el penal de Izalco, lo cual lo convierten en la cárcel más peligrosa del país.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sonsonate sí autorizó que peritos del Intituto de Medicina Legal verifiquen la situación de salud de Rivas Ortega, según consta en la referida resolución.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a Diario Co Latino que los familiares de los detenidos no los ven desde el 19 de enero y el abogado defensor no tiene acceso a ellos desde el 7 de marzo, lo cual “violenta su derecho a la defensa legal pues impide al abogado prepara la prueba técnica de cara a la audiencia preliminar”. Además, señalan que “violenta el derecho a la salud de los defensores ambientales detenidos desde hace más de cuatro meses”.
Familiares de los ambientalistas detenidos señalan que, a pesar de que el caso no está bajo el régimen de excepción por no tener relación con pandillas, el sistema judicial y las autoridades penitenciarias lo han sometido a las mismas suspensiones de garantías constitucionales, negando la visita de sus familiares y del abogado, violentando su derecho a la defensa.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la detenciones de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES como un caso de manipulación de la justicia histórica con el fin de encarcelar a defensores ambientales, en un contexto de preocupantes señales de reactivación de la mineria metálica en el país.
Recientemente la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Estado salvadoreño la libertad inmediata de los activistas ambientales, pero no hubo respuesta.
