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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron emitir Dictamen para reformar el artículo 332 del Código Penal con el objetivo de establecer pena de tres años de prisión a servidores públicos que malversen fondos del Estado y agravar la sanción a cinco años de cárcel cuando el funcionario se lucre o ayude a un tercero a lucrarse de dichos recursos.
“Todo aquel servidor público que administre fondos provenientes de finanzas del Estado y cometa el delito de malversación de fondos deberá ir a prisión por tres años y además puede ser inhabilitado por el mismo periodo de tiempo y la pena se agrava si el funcionario se lucra de esta práctica o ayuda a terceros a lucrarse, en este caso la sanción será de cinco años de cárcel”, dijo Jackeline Rivera, diputada del FMLN.
Actualmente, el delito es sancionado con pena de 50 hasta 100 días multa y de uno a tres años de prisión si el funcionario se beneficia o ayuda a una persona a lucrarse de fondos del Estado.
Rivera, además, destacó que “Lo legislador tiene un propósito esencial y es cerrar los portillos de la corrupción, la cual se da por distintos actos, vale la pena decir que esperamos que esta restricción inhiba a todos los que administran recursos del Estado”.
Para Ricardo Velásquez Parker, diputado de ARENA, quien presentó la moción, en la sanción también se incluye la inhabilitación del cargo por 3 años, pues considera que “si tenemos un auténtico compromiso de combate a la corrupción, debemos ponernos más estrictos en limitar a cualquier funcionario de arbitrariedades que le permitan tomar fondos a su antojo”.
Por otra parte, en el tema de la extinción de los Juzgados Especializados, la comisión acordó por unanimidad pedirle de una forma privada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su apreciación en torno a la decisión de los miembros del grupo de trabajo de no suprimir la jurisdicción especializada sino más bien ampliarla.
Por lo anterior, la comisión de legislación acordó citar en los próximos días al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a sus magistrados, para alcanzar consenso respecto a que no se supriman los Juzgados de Instrucción Especializados y de Sentencia, y la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, sino ampliar su jurisdicción, pues consideran inviable la suspensión.
La CSJ, institución mocionante de la propuesta de extinguir los juzgados especializados expuso como argumento que la carga laborar es demasiada, ya que hay jueces que tienen a su cargo entre cien y dos cientos casos lo que entorpece el derecho a la pronta justicia por parte de los tribunales.
En este tema incluso los jueces si bien aceptan estar saturados de trabajo, se manifiestan en contra de diluir la jurisdicción especializada y exponen que debería ampliarse, lo que concuerda con los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
