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Madrid/PL
El Parlamento de Cataluña escaló hoy un nuevo peldaño en su pretensión unilateral de alcanzar la independencia de esa comunidad autónoma, al aprobar la norma que establecerá un marco legal alternativo al español.
En otra tensa y maratoniana jornada que se extendió hasta la madrugada, la cámara catalana dio luz verde este viernes a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que prevé convertir esa región en un Estado independiente.
La flamante legislación, que redobla el desafío al gobierno español, salió adelante con los votos de Juntos por el Sí (JxSí) -coalición gobernante en esa región del noreste de España- y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), en ausencia de los partidos de la oposición.
Tal normativa es la principal de las llamadas leyes de desconexión, y entraría en vigor después de un eventual triunfo del sí en el referendo de autodeterminación previsto por la Generalitat (ejecutivo catalán) para el próximo 1 de octubre.
JxSí y la CUP, formaciones soberanistas que ostentan la mayoría en el parlamento regional, explicaron que la ley busca cubrir la fase inmediatamente posterior al referéndum, y sólo seguirá adelante si gana la opción a favor de la separación.
El debate y posterior aprobación de la norma se realizaron pese a que el Tribunal Constitucional paralizó la víspera la ley y el decreto que convoca a la consulta soberanista, tras admitir a trámite los recursos planteados por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy.
Sin embargo, los líderes independentistas catalanes desoyeron las decisiones del Constitucional, al cual consideran una institución politizada, y aseguraron que éste no va a parar la votación.
‘No suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado’, subrayó el presidente regional, Carles Puigdemont.
‘La obsesión de suspender constantemente la democracia y la política es inútil ante la firme voluntad de decidir nuestro futuro’, añadió la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
Rajoy defendió el jueves los recursos interpuestos y aseveró que ‘la convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas’.
El presidente del Gobierno español reiteró que la consulta no se va a celebrar y advirtió a los alcaldes de los más de 900 municipios de Cataluña de su obligación de cumplir la ley y no ceder espacios públicos para que los ciudadanos puedan votar.
