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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
El gobierno catalán se lanzó este martes en la defensa legal de su consulta independentista, sale mostrándose determinado a continuar con su proyecto a pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional que lo forzaron a suspender la campaña institucional.
«Hay una situación procesal que no se puede pasar por alto pero es evidente que ayer (lunes) no terminó nada», dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
«La determinación del gobierno es continuar», añadió el portavoz del ejecutivo, que «presentará alegaciones en un tiempo récord» ante el Tribunal Constitucional.
Admitiendo los recursos de inconstitucionalidad presentados por el gobierno español unas horas antes, los magistrados decretaron el lunes la suspensión temporal de la consulta convocada para el 9 de noviembre, dándose un plazo de cinco meses para dictar sentencia.
Esperando este dictamen «en el mínimo tiempo posible», Homs anunció la suspensión de la campaña divulgativa iniciada el sábado, después de que el presidente catalán Artur Mas convocara a las urnas.
«Lo que no podemos hacer es poner contra las cuerdas a los funcionarios de la administración», dijo.
Potente región industrial de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, con una fuerte identidad cultural e idioma propio, Cataluña lleva años en conflicto con el gobierno español, que le niega el derecho a decidir su futuro unilateralmente.
«Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español», dijo el jefe de gobierno español Mariano Rajoy el lunes, después de recurrir al Tribunal Constitucional la consulta.
Una iniciativa que en su opinión no se ajusta a la Constitución de 1978, pilar de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que consagra la «indisoluble unidad de la Nación española» y otorga la soberanía nacional al conjunto del pueblo español.
Un tribunal desacreditado en Cataluña
Convencido de la constitucionalidad de la consulta, el gobierno catalán pedirá el levantamiento de la suspensión y en pocos días presentará sus argumentos de defensa, indicó Homs.
Pero los expertos no auguran muchas posibilidades a esta petición: «La suspensión no admite recurso porque es algo provisional», explica Antonio Torres del Moral, profesor de derecho constitucional.
En su opinión, el tribunal «debe actuar con rapidez para que dé tiempo a que si valida la ley, se pueda celebrar la consulta».
En cualquier caso, la decisión será inamovible porque «no hay ningún recurso posible en el ámbito europeo o internacional», añade el jurista Javier Pérez Royo.
Pero entre el independentismo crecen los partidarios a desacatar una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, desacreditado para muchos desde que en 2010 privó a Cataluña del estatus de «nación» al recortar parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006.
A partir de entonces, con el trasfondo de la fuerte crisis económica que afectó con especial virulencia a una endeudada Cataluña, el independentismo se disparó.
Desde el lunes, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, al frente de las multitudinarias manifestaciones nacionalistas de los últimos años, llama a la movilización.
«Hoy a las 19H00 todos delante de los ayuntamientos, el Tribunal Constitucional no decidirá por nosotros. Somos soberanos, queremos la independencia», escribió en su cuenta de Twitter.
«El Tribunal Constitucional español nos muestra su total dependencia del poder ejecutivo y pone en evidencia el poco respeto que los poderes públicos españoles tienen por las reglas democráticas», dijeron en un comunicado conjunto las principales entidades independentistas.
Una opinión similar expresó la izquierda independentista de ERC, principales aliados de Mas en este proceso.
«Si buena parte de este proceso empezó con una sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, ¿alguien cree que este proceso tiene que terminar con una sentencia del tribunal en contra de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña?», se preguntó su líder, Oriol Junqueras.
Señal de inquietud por un conflicto cada vez más enrocado, la agencia de calificación Fitch puso el lunes en perspectiva negativa la nota de Cataluña, en vistas a una eventual degradación, «reflejo de la tensión creciente» entre ambos gobiernos.
