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Por Laurence Boutreux
Madrid/AFP
El presidente separatista catalán, Carles Puigdemont, reafirmó el sábado su determinación a organizar el 1 de octubre el referéndum de autodeterminación y llamó a participar de forma masiva en una manifestación el lunes en Barcelona, con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña.
«Tenemos toda la fuerza del Estado en nuestra contra», lanzó Puigdemont, en un discurso delante de la dirección de su partido, a 23 días de la consulta que quiere celebrar cueste lo que cueste en esta región del noreste de España.
«A más querellas, a más amenazas, más voluntarios, más ayuntamientos comprometidos» en Cataluña y «más determinación del gobierno» regional, insistió.
Puigdemont hizo estas afirmaciones al día siguiente de que la justicia admitiera una querella contra él por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, aseguró por su parte el sábado que los separatistas catalanes estaban aislados en Europa.
«En Europa, no dan crédito», afirmó durante una reunión de su partido en Aragón. Los independentistas catalanes no tienen «ni un solo apoyo» y suscitan «la repulsa y la estupefacción», añadió.
Según Rajoy, lo que han hecho «es antidemocrático y es ilegal», abundó el dirigente conservador, y «los diputados han actuado a la brava, por la fuerza» al adoptar esta semana leyes regionales para organizar la consulta y establecer el marco de una posible República catalana independiente.
«No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación», repitió.
Los separatistas aseguran en cambio que ellos defienden sus derechos, tras años de «humillación» por parte de los conservadores del partido de Rajoy, que consiguieron en 2010 que el Tribunal Constitucional recortara una reforma del Estatuto de autonomía que había sido aprobado por el parlamento y la población catalana.
Registros y manifestación
En 2014, este tribunal declaró anticonstitucional incluso el principio de efectuar un referéndum de autodeterminación en una región.
Y esta semana, sus jueces «suspendieron» los textos adoptados por el Parlamento catalán para organizarlo.
Además la fiscalía general solicitó a la policía que incaute el materia electoral.
Después de una imprenta el viernes, la Guardia Civil registró el sábado los locales de un semanario de una localidad catalana, sospechoso de haber confeccionado papeletas para la consulta.
Rápidamente, varios manifestantes se congregaron delante de los locales, al grito de «votaremos», «¡independencia!», en la pequeña ciudad de Valls, miembro de la Asociación de Municipios por la Independencia.
La reacción de Puigdemont no tardó en llegar: «Pueden intervenir imprentas (…) rodear un medio de comunicación con Guardias Civiles (…) pero el lunes les desbordaremos cívicamente, pacíficamente y democráticamente, como siempre» en la manifestación de la fiesta de Cataluña «y el día 1 de octubre los desbordaremos en las urnas».
Dos tercios de ayuntamientos comprometidos
De los 948 ayuntamientos de la región, «674 ya dan apoyo al referéndum», asegura la Asociación de Municipios por la Independencia.
No obstante, la capital catalana, Barcelona – con 1,6 millones de habitantes – rechazó por el momento confirmar su disposición a ceder locales para llevar a cabo la votación, pidiendo más precisiones al gobierno regional, teniendo en cuenta los riesgos legales que enfrentan los funcionarios.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de izquierda, criticó «la incapacidad o la ausencia de voluntad» de Rajoy para llegar a «una solución política a un conflicto político». Asimismo, pidió indirectamente a los dirigentes separatistas no dejar de lado «a media Cataluña».
Esta región, de 7,5 millones de habitantes – grande como Bélgica y que genera 20% del PIB español – sigue dividida.
A la pregunta «Quiere que Cataluña sea un Estado independiente», 41,1% de los catalanes encuestados respondieron en junio sí y 49,9% no, según el Centro de Estudios de Opinión catalán.
