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Por Daniel Bosque/Alfons Luna/Álvaro Villalobos
Barcelona/Madrid/afp
El presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso la independencia de Cataluña poco después de proclamarla en una confusa y tensa jornada, abriendo la puerta a negociaciones con el gobierno español que las rechazó de plano.
«Asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente», afirmó, para decir, acto seguido: «Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración» para facilitar el diálogo.
«Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano», indica el texto firmado por Puigdemont y los otros 71 diputados independentistas tras una ambigua sesión del parlamento regional.
Desde Madrid, la respuesta fue tajante: Puigdemont «no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir», denunció la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciando un consejo de ministros extraordinario para este miércoles.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con un 16% de su población, 19% de su Producto Interior Bruto y una superficie similar a la de Bélgica. Y desde Madrid no piensan quedarse de brazos cruzados.
Atrapado entre las llamadas internacionales al diálogo y la presión de los independentistas más radicales, Puigdemont anunció en el parlamento que asumía «el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república».
Pero acto seguido, con rostro serio, pidió que «el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo».
Justo antes de la sesión, que despertó expectación en toda Europa, Puigdemont recibió llamadas de mediadores internacionales que le obligaron a retrasar el debate, afirmó una fuente del gobierno regional.
«Vivimos un momento excepcional, de dimensión histórica», dijo el dirigente catalán en su discurso. «Sus consecuencias y efectos van mucho más allá de nuestro país y se ha hecho evidente que, lejos de ser un asunto doméstico e interno, como a menudo hemos tenido que escuchar de quienes han abandonado su responsabilidad al no querer conocer lo que estaba ocurriendo, Cataluña es un asunto europeo».
En un inicio, la comparecencia debía servir para aplicar el resultado del referendo inconstitucional de autodeterminación del 1 de octubre: una victoria del sí con el 90% de los votos, pero con una participación de apenas el 43% del censo de esta región de 7,5 millones de habitantes.
La independencia no suscita unanimidad en Cataluña, que está dividida en mitades casi iguales en torno a la cuestión, pero la mayoría de los catalanes quieren un referéndum para decidirlo, y Madrid se opone esgrimiendo la Constitución.
CUP: una oportunidad perdida
Los socios del gobierno independentista, el partido de extrema izquierda de la CUP cuyos 10 diputados son claves, reprocharon a Puigdemont que se había perdido una oportunidad.
«Teníamos una sesión supuestamente de proclamación de la república que ha terminado siendo una sesión de confusión alrededor de si hemos proclamado o no la hemos proclamado», dijo Quim Arrufat, portavoz de la CUP.
Según esta formación, Puigdemont decidió a última hora no proclamar la república a raíz de la presión internacional, generando discrepancias en la coalición independentista, donde conviven conservadores, democristianos, progresistas y radicales de izquierdas.
Símbolo de la tensión, el parlamento se convirtió en un fortín. El parque donde se encuentra fue cerrado al público, con numerosas vallas protegiendo las entradas, mientras helicópteros y furgones policiales rondaban su alrededor.
‘Esperábamos más’
La intervención de Puigdemont en el parlamento hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.
Puertas adentro, los más radicales del arco parlamentario independentista (la formación de extrema izquierda CUP, cuyos 10 diputados regionales son vitales para el gobierno de Puigdemont) querían aprovechar este resultado para declarar unilateralmente la independencia.
En el exterior de la zona acordonada, en el paseo Lluís Companys -el último presidente catalán que había declarado la independencia- miles de personas siguieron el discurso por dos pantallas gigantes y el desencanto reinaba entre ellas.
«Estamos contentos pero esperábamos más», comentó Pere Valldeneu, un jubilado de 66 años, al terminar la intervención.
«Fue un discurso muy ambiguo. Habló de respetar el referéndum, pero yo esperaba que diera una fecha límite», dijo Sheila Ulldemolins, publicista de 28 años.
Muchos esperaban una declaración inequívoca. «Estamos esperando que declaren la independencia y sabemos que tendremos que estar en la calle para defenderla», proclamaba Marta Martínez, abogada de 50 años, antes del discurso.
Antes de la sesión, el gobierno español recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió al ejecutivo catalán que «no anuncie una decisión que vuelva tal diálogo imposible».
Las presiones, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, influyeron en Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar la crisis.
En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue el presidente regional Francesc Macià en 1931, y el segundo su sucesor Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.
Rajoy abre la puerta a la suspensión de la autonomía de Cataluña
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, requirió este miércoles al líder catalán Carles Puigdemont que aclare oficialmente si hubo declaración unilateral de independencia, el primer paso para una eventual suspensión de la autonomía de Cataluña, según estipula la ley.
El ejecutivo central acordó «requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia», dijo Rajoy ante la prensa.
El líder conservador explicó que ese requerimiento es «previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del Artículo 155» de la Constitución, que le da potestad para suspender la autonomía.
Rajoy, que hablará esta tarde ante el Congreso de los Diputados, no aclaró el plazo que otorgaba a Puigdemont para responder al requerimiento, que podría desembocar en una suspensión temporal de la autonomía de Cataluña, restaurada tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, dio su apoyo a Rajoy y anunció que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de «como Cataluña se queda en España, y no de cómo se va».
Además, Madrid ha recibido en las últimas horas el apoyo de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, México y Colombia.
El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.
El 1 de octubre, se celebró un referéndum declarado inconstitucional en el que más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana.
En lo que sí coinciden es en pedir un referéndum pactado sobre la autodeterminación.
El martes, en el parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.
El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como «representantes de Cataluña» constituyen «la República catalana como Estado independiente y soberano».
El valor jurídico de este documento «es simbólico», aclaró este jueves el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.
El Artículo 155, un arma nunca usada
Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos drásticas.
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.
Este dice que, si una región «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (…), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
En 1989, el entonces presidente socialista Felipe González no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
Si Rajoy decide ir más allá del requerimiento, necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y su Partido Popular dispone de ella.
