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El 17 de mayo de 2024, el Departamento de Participación Ciudadana de la CCR declaró improcedente la denuncia presentada por Pereira Joya el 15 de mayo, argumentando que se refería a una situación de control interno.Foto Diario Co Latino/Archivo.

CCR admite denuncia por manejo “irregular” de $35,000 en la UES

Por Alessia Genoves
Colaboradora

La Corte de Cuentas de la República (CCR) revocó la decisión inicial de improcedencia y ordenó admitir a trámite la denuncia interpuesta por el docente universitario Santos Fredis Pereira Joya contra la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (UES). La denuncia alega uso irregular de más de $35,000 de fondos públicos. Esto ocurre mientras la UES redujo su presupuesto general de $132.48 millones en 2023 a $124.70 millones en 2024, incluyendo recortes en todas sus facultades.

Resolución

El 17 de mayo de 2024, el Departamento de Participación Ciudadana de la CCR declaró improcedente la denuncia presentada por Pereira Joya el 15 de mayo, argumentando que se refería a una situación de control interno propia de la Facultad denunciada.

Sin embargo, el 22 de julio de 2024, el Organismo de Dirección de la CCR revocó esa decisión y ordenó admitir la denuncia a trámite. En la resolución, la CCR estableció que tiene competencias para “examinar y evaluar la legalidad, eficacia, eficiencia y economía del uso de los recursos públicos” y que la denuncia se refiere a “actuaciones y erogaciones que pueden ser auditadas y/o sobre las cuales tiene competencia la CCR”.

La CCR ordenó investigar si las actuaciones denunciadas de la Junta Directiva “se dictaron en el marco de sus competencias y/o respetando el ordenamiento jurídico” y si las erogaciones “están debidamente fundamentadas y documentadas, y si las mismas son coincidentes con la verdad material que justifique la ejecución presupuestaria de la entidad”.

Señalamientos

Pereira Joya denunció que la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas para el periodo 2021-2023 tomó “acuerdos contrarios al principio de economía y de verdad material” establecidos en la legislación, destinando “más de 35 mil dólares de los recursos públicos para la contratación del Lic. Luis Edgar Morales Joya, para asesorar y representar a la Junta Directiva ante la FGR”.

El denunciante alega que esto se hizo “bajo el pretexto de haber sido denunciados ante la FGR, sin que sea esta alegación conforme a la verdad material, pues nunca ha sido presentada denuncia contra tales miembros de la Junta Directiva tal como se indica en los acuerdos”.

Además, argumenta que “si existiera denuncia penal contra los miembros de la Junta Directiva, NO es conforme a la ley, que se destinen fondos públicos para responder a una denuncia penal”, y que la Ley Orgánica de la UES establece que es atribución del FGR proporcionar asesoría jurídica a las dependencias universitarias.

El presupuesto

En el quinquenio 2019-2024, bajo la presidencia de Nayib Bukele, el presupuesto pasó de $99.61 millones a $124.70 millones, un aumento del 25.19%, respecto al del ex-presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019. Sin embargo, el presupuesto para 2024 ($124.70 millones) representa una reducción del 5.87% respecto al de 2023 ($132.48 millones).

Ingeniería y Arquitectura recibió $6,340,480, mientras que la Multidisciplinaria de Occidente obtuvo $5,616,640. Ciencias Económicas mantuvo $4,250,810, Ciencias Agronómicas $4,171,230 y Ciencias Naturales y Matemática $4,033,530. Jurisprudencia y Ciencias Sociales recibió $3,842,000, Química y Farmacia $3,288,455, Odontología $2,686,325 y la Multidisciplinaria Paracentral $2,240,540.

La denuncia de Pereira Joya sobre el uso de más de $35,000 en fondos públicos para asesoría legal se da en un contexto de la reciente reducción en 2024.  El monto denunciado representa aproximadamente el 0.82% del presupuesto 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas ($4,250,810) y el 0.03% del presupuesto general 2024 de la UES ($124,696,935). En ese contexto, la admisión de la denuncia por la CCR implica que ésta se investigará si los gastos cumplen con los principios de legalidad, eficacia y economía del uso de recursos públicos.

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